Una Corte de Distrito del Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos avaló la extradición a España del salvadoreño Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Defensa que es requerido por la justicia española por su participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas destacados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989.
La petición de extradición fue interpuesta el 8 de abril de 2015 por un fiscal de Distrito y no fue sino hasta el pasado día jueves cuando la jueza Kimberly Swank firmó el dictamen de extradición, el cual fue publicado en su totalidad por el Center for Justice and Accountability (CJA), organización querellante del caso.
Montano terminó en abril del año pasado una sentencia de 21 meses en prisión por el delito de fraude migratorio y perjurio y guardaba arraigo mientras se conocía la decisión final del pedido de Extradición.
En 2011, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España interpuso el pedido de extradición a Montano, quien junto con otros 18 ex oficiales del ejército salvadoreño durante la guerra civil, son requerido por la justicia española por tener responsabilidad en el asesinato de los jesuitas de la UCA.
En su pedido d extradición, el fiscal de Distrito señaló que Montano debía enfrentar la justicia por “actos terroristas relacionados con el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles.”
En su sentencia, la jueza Swank denegó los alegatos del equipo judicial de Montano, que intentaban desestimar la jurisdicción de la juzgadora en cuanto al caso, a la vez que estimó que el acusado cometió delitos contemplados dentro del tratado de extradición entre Estados Unidos y España.
La jueza ordenó que el exviceministro de Defensa quedará bajo custodia de alguaciles, a la espera que el Departamento de Estado decida cuando irá al encuentro con la Audiencia Española.
En El Salvador, al menos ocho exoficiales del Ejército aguardan a que la Policía Nacional Civil haga efectiva la captura contra ellos por orden de la Audiencia Española. Recientemente emitieron un comunicado en el que se declaraban inocentes del crimen que se les imputa y dijeron ser sujetos de “persecución política”.