Familiares y representantes legales de los 17 exmilitares señalados por la Justicia Española como responsables del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en el campus de la UCA en 1989, señalaron al procurador de Derechos Humanos David Morales como el responsable de la situación que se encuentran los exoficiales.
El abogado de la mayoría de los militares implicados Lizandro Quintanilla, quien ha mantenido un pulso con el procurador a través de los medios de comunicación, expresó que “el causante de todo este lió jurídico es el procurador de Derechos Humanos”, al alegar que los juicios contra sus clientes a principios de los años 90 fue irregular.
Según Quintanilla, el solo hecho que el procurador Morales diga que el juicio previo fue irregular, le dio espacio a la Audiencia Nacional de España y al juez Eloy Velasco a intervenir y poder reclamar nuevamente la extradición.
Por su parte Juan Zepeda, hijo del exgeneral Juan Orlando Zepeda, acusó a Morales de “valerse de estos casos para crear su plataforma en busca de la reelección” y atribuyó el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la influencia del procurador.
Zepeda dijo que ha perdido su fe en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que a su juicio el Órgano Judicial no hizo valer su sentencia emitida en mayo de 2012, cuando la Corte Plena denegó la extradición de los militares que se acuartelaron en el recinto de la antigua Guardia Nacional.