El procurador de Derechos Humanos, David Morales, pidió este miércoles a las autoridades castrenses y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, no interferir en el procedimiento policial de captura de 17 exmilitares vinculados a la masacre de los padres jesuitas de la UCA, en noviembre de 1989, y por el cual la Audiencia Nacional de España ha abierto un proceso judicial.
“Le pido al señor ministro de la Defensa que se abstenga de albergar y dar privilegios a los militares procesados con el fin de afectar el procedimiento policial”, dijo Morales.
En 2011, la Interpol emitió una difusión de captura contra nueve de los 17 exmilitares vinculados al caso, pero estos se refugiaron en la Brigada Especial de Seguridad Militar con ayuda del Ministerio de Defensa para evitar ser capturados.
El procurador expresó que las órdenes de detención internacional contra los 17 exmilitares acusados han estado vigentes todo el tiempo desde que fueron requeridas por primera vez en 2011.
“Las órdenes de captura nunca fueron canceladas, se mantuvieron vigentes tal y como me lo informó la oficina de Interpol El Salvador en noviembre de 2015”, manifestó.
De acuerdo con el derecho penal internacional, este tipo de crímenes no admiten amnistía ni prescripción. El sistema judicial salvadoreño declaró en 2001 que la amnistía no era aplicable al caso de la masacre de los jesuitas.
Asimismo, el funcionario instó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al jefe de la oficina de Interpol de El Salvador a que proceda con las capturas de los militares.
El procurador hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que colabore con el proceso de extradición de los exmilitares acusados. “Por primera vez en la historia, en el caso jesuitas, les pido se ponga el sistema judicial del lado de las víctimas y de la justicia”, expresó.
En noviembre de 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución contra la Corte Suprema de Justicia de 2011 por considerar que se violó el derecho de acceso a la justicia, pues tenía la obligación de proceder a las capturas de los exmilitares.
David Morales indicó que la masacre de los padres jesuitas y sus colaboradoras constituye un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra y un acto de terrorismo. Concluyó diciendo que el proceso judicial que se lleva en contra de los exmilitares es apegado a la legalidad y está en coherencia con el tratado de extradición vigente entre El Salvador y España.