Oenegés exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que ordene capturar y lleve al banquillo de los acusados a José Guillermo García, exministro de Defensa que regresó este día a El Salvador deportado de Estados Unidos acusado de graves violaciones a los derechos humanos en los años 80.
García, de 82 años, fue juzgado en 2012 por un tribunal de Florida, debido a la vinculación que como exministro de defensa (1979-1983) se le hace a torturas, masacres, y crímenes de guerra. El exmilitar fue condenado a través de un proceso civil en Estados Unidos, a indemnizar a las víctimas con $54 millones de dólares. El 15 de diciembre pasado un tribunal de apelaciones ratificó la deportación del exministro de Defensa.
De acuerdo a Fespad, Asociación Pro-Búsqueda, entre otras, el exmilitar recuperaría su libertad al poner pie en El Salvador, y es precisamente eso lo que estos manifestantes quieren que se evite.
“Se debe derrumbar el mito que por la Ley de Amnistía no se puede investigar. En 2001 la Sala de lo Constitucional dijo que la Amnistía no se aplicaba en dos casos puntuales: la autoamnistía, y los crímenes que tienen que ver con lesa humanidad. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exige al Estado salvadoreño que investigue la masacre de El Mozote, en donde este señor habría participado” dijo David Ortiz de Fespad.
La masacre de El Mozote, Morazán, ocurrida entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, fue atribuida al Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada Salvadoreña, de donde Guillermo García Pérez era ministro de la Defensa, y habría estado sabedor de los hechos en donde murieron más de mil personas.
“El Salvador ya conoce la resolución de la CIDH que le exige investigar el caso de El Mozote, y sancionar a los responsable, dentro de los cuales se encuentre Guillermo García Pérez. Jurídicamente ese es el punto de inicio para capturar e iniciar investigaciones contra el exministro”, explicó David Ortiz, quien además agregó que en ningún país del mundo una persona acusada de violar los derechos humanos puede estar en libertad.
Mirna Perla, del colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya” y del Movimiento 5+, dice que las 11 masacres a las que se le vincula al exministro, son delitos imprescriptibles, y opina “nunca El Salvador ha hecho un esfuerzo por superar la impunidad en cuanto a los autores de estos crímenes, y creemos que aquí en El Salvador, debe dársele el tratamiento de un violador de los derechos humanos”.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, llevó a cabo el caso en un tribunal de Florida en donde se decidió su deportación. El fallo judicial expresa que hay pruebas suficientes que vinculan a Guillermo García Pérez, en al menos once masacres que realizó la Fuerza Armada Salvadoreña, y de quien García Pérez era responsable.
Además se le vincula al magnicidio del ahora beato Oscar Romero en 1980, de cuatro monjas estadounidenses ocurrido en 1981, y de otras acciones como tortura contra ciudadanos salvadoreños.