El Salvador pasó a ser una de las naciones sin guerra más violentas del mundo al acumular durante 2015 un promedio de 104 homicidios por cada 100 mil habitantes, por lo que analistas expresaron su preocupación.
La lapidaria cifra «a nivel global nos coloca en el país con la tasa más alta de homicidios, incluso por encima de los países de África Subsahariana que son los que regularmente encabezan (la lista)», declaró a la AFP la investigadora y directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannette Aguilar.
Desde el segundo semestre de 2015, según Aguilar, en El Salvador ya se vaticinaba que la cifra iba a ser «la más alta en los 24 años de posguerra civil», y que se iba a colocar «a la cabeza» de los países más violentos.
Al cierre del 2015, según un balance preliminar de la Policía y de las autoridades forenses, se contabilizaron al menos 6.670 homicidios, superando los 3.912 de 2014, y además se acercó a la cifra de 1983 cuando el país en plena guerra civil (1980-1992) tuvo un poco más de 7.000 homicidios.
En el continente, la nación centroamericana superó a Venezuela, que cerró el año con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes al acumular 27.875 homicidios, una cifra que superó considerablemente la registrada en 2014, de 24.980, según el reporte anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
«Estamos realmente preocupados, es una zozobra la que se vive, porque las muertes son una respuesta de la misma situación de impunidad, falta de justicia y desigualdad que estamos viviendo», declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
En El Salvador, la más pequeña de las naciones centroamericanas, con 20.742 km2 y 6,4 millones de habitantes, los homicidios se producen a pesar que la Policía y Ejército realizaron masivas redadas de delincuentes comunes y pandilleros al grado de tener las cárceles con un hacinamiento de más del 300%.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, desde que asumió el poder en 2014, rechazó negociar con las violentas pandillas como lo hizo su antecesor Mauricio Funes para reducir los homicidios, y en su lugar ejecutó el Plan El Salvador Seguro, el cual privilegia la represión del delito.
En un mensaje de fin de año, Sánchez Cerén advirtió que continuará «con paso firme garantizando la seguridad y tranquilidad de las comunidades», otorgando más recursos para mejorar la capacidad de la Policía y de la Fuerza Armada, que cargaron en 2015 con el asesinato 85 efectivos sus efectivos ante la virulenta reacción las pandillas.
Durante el último año, el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana coordinado por el gobierno diseñó una estrategia que para ser impulsada requiere de 2.100 millones de dólares en cinco años, pero ante la oposición de la derecha, el gobierno afronta dificultades para financiarla con préstamos e impuestos.
«Lo más lamentable que la mayoría de población impactada por la violencia y los homicidios son los más pobres», destacó Montenegro.
Elevado costo social
«Más allá del número de muertos que deja luto, la violencia supone un elevadísimo costo social porque trunca la vida de muchas familias con miles de huérfanos, viudas, jóvenes que no pueden estudiar por el acoso de las pandillas y comunidades desintegradas», advierte Aguilar.
Uno de los sectores más golpeados por la violencia, según la investigadora universitaria, es el de la población joven entre 15 y 29 años, cuyas familias, para resguardarlos, en algunos casos «abandonaron sus lugares de origen o se sumaron a la migración salvadoreña (a Estados Unidos) sin haber logrado (en el país) la paz tan anhelada».
Aguilar y Montenegro cuestionaron la falta de políticas de prevención en un escenario en el que también aparecieron grupos clandestinos de limpieza social que no fueron investigados, con lo cual «se corre el peligro de caer en un paramilitarismo».
Para el analista y profesor universitario Roberto Cañas, lo más lamentable es que en el año que finalizó «la extorsión fue la fuente de ingreso con la cual los 70.000 pandilleros (que se estima oficialmente que existen) alimentaron a medio millón de personas (entre familiares y militantes)».
Ante la crisis de seguridad pública que vive el país con «indicadores epidémicos de muerte», la única salida para «aliviar» la situación pasa por desarrollar «un esfuerzo nacional» con la participación de diferentes sectores, estimó Cañas.