Lisandro Quintanilla, el abogado defensor de los militares acusados de asesinar a cinco sacerdotes jesuitas en el año 1989, reaccionó este martes calificando de “arbitrariedad” la nueva petición del juez de la Audiencia Nacional español Eloy Velasco para que se haga efectiva la captura de los implicados. Sin embargo, señaló que su principal objetivo no es negar los hechos sino que se evite la extradición.
Este procedimiento ya había sido cancelado a partir de una sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en el año 2011 cuando determinó, en una interpretación que más tarde sería considerada como errónea, que con la difusión roja emitida por la Interpol solo se podía localizar mas no capturar a los señalados.
Los delitos de los que son acusados los militares son el de Asesinato Terrorista y de Lesa Humanidad, por lo que el proceso abierto en el tribunal español busca la no prescripción de la masacre.
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De acuerdo con la solicitud emitida este 4 de enero de 2016 por el juez Velazco, 17 de los 19 acusados deben ser extraditados para responder a las leyes españolas, que contemplan la extradición como medida a los acusados de cometer delitos contra ciudadanos españoles en cualquier parte del mundo con el que se tengan tratados de esta naturaleza.
Los acusados son Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Francisco Elena Fuentes, Óscar Mariano Amaya Grimaldy, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillos, José Alberto Cierra Ascencio, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulices Cuenca Ocampo, Óscar Alberto León Linares, y dos más que según algunas fuentes se han ofrecido como testigos criteriados.
Según la parte acusadora, estos militares cometieron la masacre de cinco jesuitas (entre ellos cuatro españoles), una doméstica y a su hija el 16 de noviembre de 1989.
Los cuatro españoles asesinados eran Armando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró (españoles) y el salvadoreño Joaquín López y López, además de Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 6 años.
De acuerdo con el jurista Edgar Morales Joya, esta decisión del juez español está amparada por el Derecho Penal Internacional y en diferentes tratados internacionales que ha firmado El Salvador, como el Tratado de Extradición entre la República de El Salvador y el Reino de España firmado en 1997.
Sin embargo, el defensor del caso alega que sus representados ya “han sido juzgados dos veces”. Una, luego de que sucedió el hecho, cuando fueron librados por la ley de Amnistía General; y en un segundo proceso en el que se acusó a otro grupo en el que también se habría involucrado al expresidente Alfredo Cristiani, pero que fue sobreseído en el año 2003.
Según Quintanilla, el argumento principal de la defensa es que cuando se cometió el hecho la Constitución de la República establecía que “ningún salvadoreño será extraditado a otro país”.
“Nosotros incluso lamentamos esos hechos horrorosos, la muerte de esas personas. Esa no es la discusión, la discusión es si son o no son extraditables”, dijo el defensor.