Como la Policía Nacional Civil (PNC) no aplica pruebas científicas a la hora de investigar la vorágine de homicidios que todos los días ocurre en El Salvador es una ligereza afirmar que la mayoría de las víctimas son pandilleros, según Miguel Fortín, director saliente de Medicina Legal (IML).
“No, no, no, cuando no se tiene investigación científica cualquiera dice esa tontería”, respondió cuando periodistas le preguntaron por la validez de la versión de las autoridades de seguridad pública que desde mayo de 2015 han asegurado que seis de cada diez víctimas de la violencia son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y grupos similares.
“Es mucho más fácil decir que son pandilleros para no investigar”, expresó en la inauguración de un módulo de atención a las víctimas de la violencia sexual, de familiares desaparecidos y de asesinados que construyó con el apoyo financiero de la Cruz Roja Internacional.
El funcionario saliente también dijo esperar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija a su relevo según su hoja de vida y no en respuesta a intereses oscuros. El indicio de la honradez será cuán abiertas tenga las puertas a la ciudadanía, caso contrario “en enero estaremos viviendo en paz y armonía”.
El 23 de noviembre Fortín anunció que no iba a concursar para mantenerse como director de la institución adscrita al Órgano Judicial porque está cansado, es tiempo de retirarse y dedicarse a su clínica privada de psiquiatría. En esa despedida aseguró que se alejaba de la función pública sin manchas de corrupción en su hoja de vida y con los recuerdos de las presiones que sobre él ejercieron el expresidente Mauricio Funes y Luis Martínez, fiscal general, como consecuencia de la divulgación de estadísticas de homicidios que daba mensualmente.
En sus días como director de Medicina Legal le tocó enfrentar los altos y los bajos de los asesinatos. Vivió desde su gestión los años de la tregua entre pandillas que auspició el gobierno de Funes, su ruptura y la ahora guerra entre esos grupos criminales y el Estado.