Una unidad del SITRAMSS o las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) figuraron entre los blancos que la pandilla Barrio 18 consideró para colocar un fuerte cargamento de explosivos C4, según investigaciones fiscales.
Esta información fue recabada por la misma Fiscalía en el marco de la investigación de los explosivos colocados en un “cochebomba” y posteriormente abandonados frente a las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el pasado 28 de agosto de este año.
De acuerdo con la Fiscalía, los cabecillas del Barrio 18 recluidos en el penal de Gotera discutieron, a mediados de agosto, si colocarían los cargamentos de explosivos en una unidad del SITRAMSS, frente a un edificio de la Fiscalía o frente al ministerio de Justicia y Seguridad Pública, siendo este último el lugar que terminaron acordando. Esta información fue obtenida, según los investigadores, a partir de intervenciones telefónicas.
Este caso también se encuentra vinculado con otro “cochebomba” que explotó cerca de las 11:00 de la noche frente al ministerio de Hacienda el pasado 10 de septiembre, según las investigaciones fiscales.
Por estos hechos han sido detenidos doce sujetos que serán acusados de tres delitos que giran en torno al cometimiento de Actos Terroristas, según la parte fiscal. El último detenido fue procesado este lunes y le fueron impuesta la detención provisional como medida cautelar por el Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Tony Orellana, acusado de coautoría en caso «Cochebomba» – Foto D1: Bryan Avelar
Este último implicado, identificado como Tony Alexander Orellana, es acusado por la Fiscalía de ser el coautor del primer atentado, a quien se le atribuye haber coordinado el traslado de los explosivos desde la casa de un palabrero conocido como “El Chiquitón” (quien se encuentra recluido en el penal antes mencionado) hasta el vehículo abandonado frente al ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
De acuerdo con las investigaciones, Orellana obligó a un testigo clave en el proceso, identificado como «Clave Plutón» para que le fuera a enseñar la casa de El Chiquitón, en el municipio de Mejicanos. Estando en el lugar, el testigo presenció cuando sacaron un paquete con explosivos y los subieron al vehículo.
La Fiscalía solicitó este lunes que se añadan el caso de Orellana con los otros once detenidos en la primera fase de la investigación, y se extienda el plazo de instrucción con cuatro meses más, completando diez.
Por su parte, el imputado aseguró que él se dedica a conducir un taxi, y que el día de los hechos, un pandillero se le acercó y le pidió que hiciera una “carrera” o un viaje desde Quezaltepeque hasta Mejicanos, y que recuerda haber trasladado un paquete cuyo contenido no es de su conocimiento, por lo que se desvincula de los hechos.
El juez del caso aseguró que, de ser condenado por los tres delitos de los que se le acusan, Orellana purgaría una pena de más de 80 años de prisión, por lo que consideró que las posibilidades de fuga eran altas y decidió decretar detención como medida preventiva mientras duren las investigaciones.