Reclamar miles de dólares en nombre de una persona que ha huido del país resultó un negocio redondo para un grupo de abogados que se dedicó a falsificar poderes legales con los que exigían al Estado que les devolviera a sus clientes –acusados y posteriormente declarados inocentes de lavado- el dinero que les había incautado para quedarse con él. En la cadena de corrupción participaban un fiscal y tres jueces que en la actualidad están en el banquillo de los acusados por otros casos de corrupción en Oriente, según la Fiscalía General (FGR).
La trama comenzaba así: cuando el cliente huía del país el abogado falsificaba un poder para pedir la devolución del dinero, el juez preguntaba al fiscal que únicamente opinaba que todo debía hacerse “conforme a derecho”. Todo terminaba con que los miles de dólares regresaban a manos del supuesto dueño pero en realidad se los repartían a tres manos: defensor, juez y fiscal.
En la red operaban el entonces fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Luis Arturo Magaña Figueroa, que jugaba un papel fundamental, de acuerdo a la investigación fiscal.
El caso uno la Fiscalía lo ha titulado “Cien mil dólares” y están implicados José Rodolfo Castillo Morales, el fiscal Magaña, Tomás de Jesús Flores, Jorge González Guzmán y Enrique Alberto Beltrán. Se lo repartieron en partes iguales.
En el caso dos llamado “Cuarenta y cinco mil doscientos veinte dólares” participaron Héctor Antonio Chevez Morataya, Erick Rodríguez, Castillo Morales y Magaña Figueroa.
En el caso tres el mecanismo se repite aunque en esa ocasión la suma ascendió a $152,520. Los protagonistas fueron el juez Beltrán, Magaña Figueroa, Eliot Abraham Umanzor y José Ernesto Romero Fuentes.
Con ese método de trabajo ganaron más de $500,000 de 26 casos que llevaron, según la Fiscalía.
El hilo de la investigación inició con la declaración del testigo criteriado Ades –que fungió como secretario del tribunal de uno de los jueces involucrados- que contó a la Fiscalía todo sobre el caso.
El juez Beltrán fue acusado junto con su suplente en agosto del año pasado por el delito de cohecho (favorecer a delincuentes a cambio de dádivas).
Los jueces Enrique Beltrán, Rodolfo Castillo (su suplente) y Enrique Alberto Beltrán Beltrán fueron desaforados el 12 de agosto del año pasado luego que la Fiscalía los vinculara a una estructura de crimen organizado (en la que había fiscales, policías y otros empleados judiciales) desarticulada en el oriente del país.
Beltrán se desempeñaba como juez propietario del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, mientras que Castillo era el suplente del mismo. A ellos los acusaron de favorecer a narcos y a pandilleros que pasaron por sus tribunales.
