Carlos Urquilla, procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Procuraduría para los Derechos Humanos, dijo que el aumento a la tarifa del agua realizado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se tendría que haber hecho previo a un estudio técnico.
También expresó que la población debería preocuparse por cuál es el plan de inversión de estos fondos que se esperan obtener tras el incremento tarifario.
Urquilla sostuvo que la institución tiene toda la potestad de subir las tarifas por el servicio que ofrece, pero si se cuentan con estudios técnicos, económicos y con las proyecciones suficientes de crecimiento y expansión del servicio.
Consideró adecuado que el aumento se aplicara para invertir en proyectos de construcción y así hacer que el servicio llegue a toda la población; sin embargo, cree primero se deberían de conocer aspectos sobre qué proyectos se pretenden ejecutar, el costo, en qué lugares se implementarán, así como qué indicadores se podrán tener para saber que las acciones van por buen camino.
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“Creo que la población debe tener acceso a toda la información posible sobre qué llevó a la junta de gobierno de ANDA a tomar esta decisión. O por qué los rangos son de 0 a 10, de 11 a 20, de 25 a 30. Es decir, por qué se construyen estos rangos. Son circunstancias que deberían estar amparadas en un estudio técnico”, recalcó.
Según el funcionario, estas decisiones no tuvieron que hacerse a espaldas de los usuarios, quienes son directamente afectados; al contrario, tuvieron que ser el fruto de un amplio diálogo. “Aunque existe la potestad, no creo que esto deba hacerse sin comentarios de la población consumidora, por un criterio de transparencia y un sentido de rendición de cuentas. Esto debe hacerse de una forma abierta a la sociedad y que tengan derecho a participar”, expresó.
Urquilla dejó en claro que la institución no tiene un cheque en blanco para poder incrementar de una forma discrecional las tarifas por los servicios que provee, ya que es la institución pública más demandada ante la dirección de protección al consumidor, lo cual significa que hay una enorme cantidad de preocupaciones de quienes reciben el servicio.
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Por otra parte, de acuerdo con nuevo pliego tarifario, el procurador cuestionó, desde una perspectiva de derechos, por qué la desconexión del agua no está acompañada de un consumo mínimo gratuito, así como en otros países en donde se tiene garantizado una cantidad básica de agua tras la desconexión de la misma. “Yo creo que esto no es solo cuestión de sumar o modificar tarifas, sino que debe responder a criterios técnicos y a un enfoque de derechos”, afirmó.
Por último, dijo que el derecho humano al agua es un derecho que ha sido reconocido internacionalmente por distintas entidades de las Naciones Unidas y en distintos foros del ámbito internacional, señalando que es un derecho a todas las personas en una forma individual y comunitaria.
La vinculación entre el derecho a la vida y la salud con el recurso hídrico, es lo que permite comprender el carácter fundamental del agua potable sin restricción alguna.