Arístides Herrera, jefe de la subdelegación de la PNC en Antiguo Cuscatlán, contó que suele suceder que cuando registran a los vigilantes privados y les levantan la camisa descubren tatuajes alusivos a las pandillas.
Ese es uno de los descuidos en que incurren las empresas de seguridad privada que los contratan, expresó. La responsabilidad de la PNC se limita a revisar los papeles que presentan los abogados a la hora de inscribir a los vigilantes.
“A nosotros nos interesa tener un filtro y más control (…) lastimosamente de los hechos aprendemos”, comentó en entrevista en Radio 102.9.
Para avanzar en esa ruta, explicó, han impartido capacitaciones a empleados de ese rubro de hoteles como el Holiday o centros comerciales MultiPlaza, entre otros.
Ricardo Sosa, presidente del Consejo Nacional de Servicios Privados (CONASEPRIS) detalló que en el país existe un “grave problema” de vigilantes que venden seguridad de manera ilegal. Calculó que de esa forma trabajan entre 7 a 15 mil personas que nadie sabe si tienen sus armas en regla, cuál es el estado de la salud mental y física, entre otros.
Los empleados por las empresas de seguridad, aseguró, antes de ser contratados pasan exámenes de salud mental y física, deben presentar antecedentes penales y policiales, someterse a un curso que dirige la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), tener licencia de portación de armas, entre otros.
Sosa recordó que hace unos cuatro años se registraron algunos casos de intolerancia que terminaron en asesinatos en los que entre los protagonistas estuvieron agentes de seguridad privada.