En El Salvador ser asesinado a sangre fría es lo más fácil que puede suceder. Mucho más que nacer. Usted puede morir de manera violenta en una unidad del transporte colectivo, frente a una escuela, en un bar, un motel, una pupusería, una cancha, en el campo, en un mercado, afuera de una iglesia, en una cárcel, en su lugar de trabajo, en un parque, a pocos metros de una delegación policial e incluso en la comodidad de su casa. Estará en la mira de los homicidas si es pandillero, delincuente, policía, motorista, vigilante, alcohólico, irascible, tiene antecedentes penales, porta armas, camina solo en una comunidad, entra por error a una colonia, ve con malos ojos a su prójimo o se niega a pasar un semáforo en rojo.
Pero corre más riesgo de morir bajo las balas, el filo de un machete o de un cuchillo si tiene entre cero a 40 años de edad, según los registros del Instituto de Medicina Legal (IML) de enero de 2002 a junio de 2015. Cada año que pasa más del 60 por ciento del total de víctimas de la violencia pertenece a ese rango etario que representa casi el 2% de los más de 6 millones de habitantes.
La muerte no distingue edad, color, sexo, religión o estrato social pero en el país tiene predilección, principalmente, por los jóvenes de entre 15 a 30 años. Esto puede comprobarse con una revisión de las estadísticas de los homicidios que se mantienen constantes de cero a 14, muestran un pico escalofriante de 15 a 30, disminuyen de 31 a 40 años y en las siguientes edades son menos.
Desde enero de 2002 a junio de 2015 han muerto violentamente 938 salvadoreños de cero a 14 años; 27,931 de 15 a 30 años; y 9,218 de 31 a 40. En trece años fueron asesinados 38,087 jóvenes, es decir, una generación. Entre las muertos hay de todo: miembros del Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13), Mao-Mao, y otros grupos delincuenciales, estudiantes, deportistas, desempleados, albañiles, agricultores, artistas, maestros, choferes del transporte colectivo, comerciantes, padres y madres de familia, pastores protestantes, burócratas, vendedores ambulantes, pequeños y medianos empresarios.
De acuerdo a los registros de Medicina Legal en 2002 murieron 1,782 salvadoreños de cero a 40 años; 2003, 1,876; 2004, 2,473; 2005, 3,221; 2006, 3,317; 2007, 2,967; 2008, 2,296; 2009, 3,176; 2010, 3.215; 2011, 3,525; 2012, 1,941; 2013, 2,021; 2014, 3,210; y de enero a junio de 2015, 2,227.
Al compararse el consolidado anual de homicidios con las muertes de jóvenes se comprueba que ese sector de la población pone a la mayoría de las víctimas. En 2014, por ejemplo, de los 4,371 crímenes registrados en todo el año 3,525 son de edades de cero a 40; de los 3,179 de 2008, 2,596; de los 3,825 de 2005, 3,221; y así hasta ser más del 60 por ciento de los asesinados.
Cuando en cualquier país normal los niños y los jóvenes estudian, crecen, aprenden, sueñan, conocen, son productivos, procrean hijos o simplemente viven, en los 21,000 kilómetros del territorio salvadoreño mueren en una guerra entre pandillas, a manos de un extorsionista, un secuestrador, un homicida, un intolerante o un psicópata.
En las estadísticas se encuentran cosas horrendas, inconcebibles. En 2002, por ejemplo, fueron asesinados 19 bebés: ocho niñas y once niños; 163 jóvenes de 25 años en 2003; dos años más tarde murieron 258 de 25 años; 263 de 20 años en 2006; 226 de 20 años en 2011; 164 de 17 años en 2014.
Los números, sin embargo, son fríos, distantes y dicen poco si no están acompañados de casos. El 20 de julio de 2015 Bryan R, de 17 años, salió de su casa pasadas las 5 de la mañana en Soyapango a esperar el autobús para ir a estudiar al liceo Reverendo Juan Bueno, en colonia La Coruña. Minutos después de sentarse en la parada del transporte colectivo un grupo de supuestos pandilleros lo acribillaron. La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que la víctima no tenía historial delictivo y que lo más seguro es que lo asesinaron porque se había negado a colaborar con la pandilla en la recolección del dinero de las extorsiones. Un par de horas antes también murieron Katherine Tatiana Landaverde, de 21 años; Víctor de Jesús Hernández Aguilar, de 20; y Walter Mauricio Zelaya Andrade, de 28.
Un año antes, específicamente el 24 de julio de 2014, Noé Enrique Bonilla Orellana estaba afuera de su casa en San José Villanueva, La Libertad, cortando leña cuando unos sujetos le ordenaron que levantara las manos y se tirara al suelo. Entonces le descargaron casi media docena de balazos. El crimen del atleta de Olimpiadas Especiales –también medallista internacional- pudo deberse a un rito de iniciación con el que los aspirantes a pandillero demuestran su lealtad a la organización criminal, concluyó la PNC. Las autoridades declararon en reserva –en secreto- la investigación por “lo delicado del caso”.
El 11 de noviembre de 2012 Katherine Vanesa R., de 14 años, caminaba en el reparto Las Cañas, de Ilopango, cuando unos supuestos pandilleros le encajaron tres disparos en el tórax. Murió 72 horas después en un hospital de San Salvador. Su muerte, de acuerdo a la hipótesis policial, tiene raíz en que era novia de un pandillero enemigo de sus homicidas. Ella fue la segunda menor de edad que murió ese mes.
La generación muerta una década después de la firma de los Acuerdos de Paz está llena casos de ese tipo. Unos se vuelven emblemáticos pero en otros ni siquiera se conocen los nombres de las víctimas.
La cuenta no se ha acabado. Suma y suma cada día. Solo en septiembre Medicina Legal registró un promedio de 23 homicidios diarios.
Foto Salvador Sagastizado