El brutal asesinato con más de 60 balazos de Julio César Molina, presidente de la Asociación de Lisiados y Discapacitados de Guerra (ASALDIG) tiene un motivo: una clica del Barrio 18 facción Revolucionarios quiere deshacerse de todos los que se oponen a su expansión en Morazán, La Paz, Usulután y La Unión.
Los excombatientes son esas barricadas que les impiden abarcar territorio.
El secretario de la Asociación de Lisiados de Guerra (ASALDIG), Pedro Ortega, explicó vía telefónica que unos diez líderes de la asociación han sido amenazados por la pandilla 18 revolucionaria con el objetivo de debilitar la organización y lograr obtener poder en el territorio de Meanguera, Morazán. Los crímenes de Israel Antonio Quintanilla y su hijastro Carlos Alberto Zavala el 5 de mayo de 2015 son ejemplo de eso.
“Quieren demostrar que tienen poderío. Yo aquí ya ando mis morteros, mis fusilitos; el problema es que la policía nos para y nos molesta”, comentó. “Tomamos nuestras propias medidas de seguridad porque la autoridad no hace nada”, agregó.
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Después del asesinato de Molina los miembros de la asociación han tomado las medidas necesarias de seguridad. Según Ortega, la pandilla los tiene localizados a través de fotografías mientras ellos realizan su trabajo en las comunidades.
Mencionó, asimismo, que quieren tener el control de los territorios cobrando extorsión, traficando drogas, violando y asesinando.
El problema, aseguró, es que las pandillas quieren arrastrar a la guerra criminal a los veteranos. Ellos, sin embargo, son un ejército que se desmontó desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, y ahora están cansado y viejos. “Ya vieron que somos vulnerables”, expresó.
Ortega exigió al Estado asumir su responsabilidad de defender la vida de los ciudadanos y aplicar la justicia. “Para eso tiene toda una estructura: para terminar con la delincuencia”, reiteró.
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En mayo el presidente de ALGES en ese entonces Quintanilla y su hijo Zavala fueron encontrados en Santa Cruz Porrillo en Tecoluca, San Vicente.
Ambos habían desaparecido tres días antes. El comunicado emitido por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, expresó las condolencias y solidaridad con la familia.
La hipótesis que surgió en torno al tema fue que el dirigente posiblemente distribuyera armamento militar a grupos pandilleriles, pero esto fue esclarecido por la Policía Nacional Civil (PNC) y dijeron que no había ningún vínculo por parte de ambos fallecidos con este tipo de actividades.
Quintanilla se encargaba de dirigir alianzas con alcaldías municipales, programas de reinserción laboral y programas de inserción productiva que fomenta iniciativas micro empresariales y prioriza el trabajo en las zonas rurales; esto con el fin de beneficiar a los lisiados durante el conflicto armados y personas con discapacidad.
Julio César Molina, al centro, asesinado en Morazán