Las sospechas comenzaron en febrero de 2011. En ese año aparecieron unas publicaciones en internet donde se vinculaba a estructuras criminales y de narcotráfico con funcionarios y políticos salvadoreños. Por esos meses también salió una publicación en un periódico que relacionada a una estructura crimen organizado.
En el interior de la Policía Nacional Civil (PNC) surgieron algunas conjeturas que la información había sido filtrada desde el Centro de Inteligencia Policial (CIP). Y comenzaron las interrogantes: ¿quiénes eran los oficiales que estaban generando la fuga de información que, además, en algunos sitios web había sido publicada con ciertas alteraciones?
Las primeras sospechas señalaban a algunos jefes de departamentos del CIP, quienes hacía unos meses atrás habían cambiado el método de trabajo para procesar la información que llegaba a sus oficinas: dejaron de enviarla al Departamento de Análisis, tal como establece el Manual de Organización y Funciones del Centro de Inteligencia Policial, y comenzaron a reunirse entre ellos para darle un tratamiento diferente.
Los oficiales que habían cambiado su forma de trabajo eran Mercedes Antonio García Sánchez, quien fungía como jefe de la Región Central de Inteligencia, y Miguel Ángel Artero Durán, quien en esa época era jefe de la Región Occidental de Inteligencia.
También Jorge Ovidio Cornejo Durán, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe del Departamento de Crimen Organizado, y Jaime Orlando Díaz Rodríguez, quien era el subjefe del Centro de Inteligencia Policial.
El máximo jefe del CIP, Edgar Lizama, tenía algunas sospechas y dudaba de estos últimos dos oficiales. Incluso, en reuniones de trabajo les advertía a otros oficiales que no compartieran información con estos porque estaban haciendo mal uso de ella.
Lizama no tenía pruebas concretas, pero todo indicaba que su hipótesis era cierta. De hecho, el jefe de uno de los departamentos del CIP le manifestó que estaba convencido en un noventa por ciento que la información sobre narcotráfico filtrada a un periódico la había realizado Cornejo Durán.
¿Cómo detectaron la fuga de información?
Antes que estos cuatro jefes de las unidades del Centro de Inteligencia Policial cambiaran su forma de trabajo y comenzaran a reunirse para tratar de otra manera la información que llegaba a sus oficinas, la habían mandado, tal como lo establece el reglamento, al Departamento de Análisis.
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En ese departamento sabían que alguna de la información filtrada y publicada en internet, incluyendo la aparecida en el periódico, había sido procesada por ellos. Los documentos y los informes tenían muchas coincidencias.
Cuando esos detalles llegaron a Lizama, su hipótesis tomó mucha más fuerza. Él sabía quiénes eran los jefes de los departamentos de donde se había fugado la información. Ya solo faltaba comprobar los hechos. De inmediato inició una investigación.
A finales de 2010, García Sánchez, jefe de la Región Central de Inteligencia, llegó a la oficina de Análisis y le pidió a uno de los analistas una presentación relacionada a homicidios, personas desaparecidas, pandillas y otros casos de relevancia. Le entregó una memoria USB con información variada.
Cuando el analista intentó copiar la presentación en la memoria USB, no pudo porque el dispositivo no tenía mayor espacio de almacenamiento. García Sánchez le dijo que guardara en la computadora una carpeta denominada “Finish o Fhis” y que la borrara de la memoria USB para que tuviera más espacio para guardar la presentación que le había solicitado.
Dos meses después, el analista abrió la carpeta “Finish o Fhis” porque andaba buscando cierta información relacionada a pandillas. Y fue entonces que descubrió que había varios archivos de los cuales abrió uno que contenía información que el Departamento de Análisis no había trabajado. Le pareció extraño.
El documento que abrió era una presentación en Power Point con varias diapositivas. En ellas aparecían fotografías de narcotraficantes, delincuentes, políticos y funcionarios con datos personales. Era como una especie de perfiles.
Lo cerró rápidamente y continuó buscando la información que quería en ese momento. No le comentó a nadie lo que había visto. Días después, debido al temor que sentía por el contenido de la carpeta, la eliminó de su computadora.
El 14 de diciembre de 2011, Rodríguez Días pidió al Departamento de Análisis una presentación sobre crimen organizado y proporcionó una memoria USB a una analista.
Luego le llamó por teléfono a Cornejo Durán para que llevara su memoria USB que contenía otra información. Este llegó con el dispositivo y también se lo entregó a la analista. Les advirtió que “solo ellos sabían de esa presentación y que si se divulgaba, ellos serían los responsables”.
La información era sobre unos mapas que indicaban rutas de paso de droga y de armas. También un texto sobre crimen organizado acompañado con fotos de jefes policiales. La analista procesó la información tal como se lo pidió Cornejo Durán y Rodríguez Díaz.
A finales de diciembre del mismo año, la analista observó que en internet circulaban unas presentaciones de supuestas estructuras de crimen organizado en las que vinculaban a jefes policiales y otras personalidades del país con el narcotráfico.
En seguida le comentó a su jefe que esa información estaba almacenada en la memoria que el señor Cornejo Durán le había dado el día que le pidieron elaborar la presentación.
Los hallazgos
A inicios del año 2012 iniciaron una serie de cambios en las jefaturas de los departamentos del Centro de Inteligencia Policial (CIP). Los cuatro jefes que habían cambiado su método en el procesamiento de la información fueron trasladados a otras unidades.
Algunos no dejaron registros de los casos que habían estado trabajando durante estuvieron en sus cargos al interior del CIP. Cornejo Durán únicamente dejó una lista de los casos sin especificar los avances y de qué trataba cada uno de ellos. Al ser cuestionado por las nuevas jefaturas, evadieron responsabilidades.
Días después, los nuevos jefes encontraron en sus computadoras documentos extraños donde se vinculaba a jueces, fiscales, comisionados, políticos y funcionarios con narcotraficantes y pandilleros.
Las computadoras donde se encontraban esos archivos era la asignada a la Región Central de Inteligencia (había sido utilizada por Mercedes Antonio García Sánchez), la computadora asignada al Departamento de Crimen Organizado (usada por Jorge Ovidio Cornejo Durán), y una laptop asignada a la subjefatura del Centro de Inteligencia Policial (utilizada por Jaime Orlando Rodríguez Díaz). Las máquinas fueron aisladas.
El 24 de mayo de 2012, la Fiscalía recibió un aviso sobre la información hallada en las computadoras y allanaron el Centro de Inteligencia Policial. Días después, Cornejo Durán, García Sánchez, Díaz Rodríguez y Durán Artero fueron acusados por el delito de de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.
El pasado jueves, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla giró orden de captura contra los cuatro imputados. La Fundación Mujer Legal ha sido admitida para querellar en el proceso.