El pasado 21 de agosto, cuando faltaban diez días para instalar la audiencia preliminar contra el expresidente Francisco Flores, el perito financiero Jorge Alfonso Rodríguez envió con urgencia un informe al juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel García Arguello.
En ese documento, el perito pedía al juzgador que la audiencia ya no se realizara el 31 de agosto y solicitaba una prórroga de 60 días para finalizar el trabajo encomendado. La justificación era clara: han llegado más informes del extranjero y algunos son bastante voluminosos.
La información bancaria que había aterrizado en el juzgado, en esa fecha, era la asistencia penal emitida por el Principado de Mónaco. Son 117 folios. El tamaño de ese documento es bastante grande en comparación a los enviados por otros países. El perito necesitaba más tiempo.
Pero, además, el especialista financiero señalaba vacíos de información en algunos de los documentos emitidos desde el extranjero que tienen como objetivo localizar cuentas bancarias del expresidente Flores donde se haya depositado dinero proveniente de Taiwán.
“Después de haber revisado la documentación relacionada al caso advertí la escasa información de cuentas y transacciones bancarias en bancos extranjeros. Es por eso que considero necesario y de suma importancia solicitarle realizar gestiones, con quien corresponda, a fin de requerir esa información bancaria”, exponía el perito al juez.
Uno de esos informes exiguos es el de Costa Rica. Hasta el momento es quizá uno de los más importantes en la investigación penal. Es el que arroja información más explícita sobre 10 de los 15 millones que Taiwán le entregó al expresidente Flores para ejecutar obras que nunca se realizaron.
Entre las instituciones financieras que el especialista solicita más información están el Citibank de Costa Rica (antes llamado banco Cuscatlán) y el The International Comercial Bank of China de los Estados Unidos. Y también “otros bancos costarricenses relacionados al cobro y depósitos de los cuatro cheques por 10 millones de dólares (donados por Taiwán)”.
La fecha que el juez había establecido para que el perito entregara el informe financiero era el 24 de agosto pasado. Para ese día, el especialista tenía que haber analizado toda la asistencia penal internacional y tener concluido un informe financiero. Pero la audiencia preliminar estaba a la vuelta de la esquina: había sido programada para el 31 de agosto. Y ante el poco tiempo, el juez otorgó los 60 días de prórroga y fijó la audiencia para el próximo 3 de noviembre.
Pero, no fue solo el perito financiero el encargado de solicitar la prórroga y señalar los vacíos en la investigación penal contra Flores, quien fue acusado en abril de 2014 por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Los abogados querellantes también pujaron para retrasar la audiencia.
El informe de Costa Rica y los vacíos
De momento, el informe bancario enviado por Costa Rica donde se detalla que 10 de los 15 millones donados por Taiwán fueron depositados en el banco Cuscatlán de Costa Rica (ahora llamado Citibank) continúa siendo el indicio más fuerte en la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Flores.
Ahí se detalla que Gerardo Antonio Balzaretti Kriete y Federico Guillermo Ávila Quehl fueron las dos personas que habilitaron una cuenta en el Banco Cuscatlán de Costa Rica para depositar cuatro cheques donados por Taiwán con números 2036 ($4 millones), 2037 ($1 millón), 2066 ($2 millones) y 2067 ($3 millones). La suma de los cuatro hace un total de $10 millones.
La información ha sido confirmada por el Citibank (antes banco Cuscatlán) de Costa Rica. Según los documentos enviados por ese banco, la cuenta fue habilitada el 28 de octubre del 2003 a nombre del Centro de Estudios Políticos “José Antonio Rodríguez Porth”.
Ese dinero fue a parar, finalmente, a una cuenta del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA). Ahí se diluyeron los 10 millones. Por ello, hay quienes aseguran que ese dinero se invirtió en la campaña del expresidente Antonio Saca.
Y es precisamente a ese informe de Costa Rica que los abogados querellantes también le hacen algunos señalamientos. Aseguran que tiene muchos vacíos, que todavía faltan los documentos donde se detallen los nombres de las personas que autorizaron la transferencia del dinero del banco Cuscatlán de Costa Rica al banco Cuscatlán de El Salvador. También la copia de los cuatro cheques certificados y el detalle certificado de las cuentas bancarias.
Por eso fue que los querellantes también solicitaron al juez que ampliara el período de instrucción.
Foto D1. Cortesía Tribunales de San Salvador.
Las respuestas de Jamaica y Uruguay
Los informes de Jamaica y Uruguay son los últimos que han sido anexados al proceso penal del expresidente Flores. Pero, ¿qué dicen los documentos enviados por esos países? El Ministerio Público de Jamaica es contundente en su respuesta: no puede brindar la información solicitada porque El Salvador no pertenece a la “Asistencia Mutua en Materia Penal Act. De Jamaica 1995 (MACMA)”.
“El Salvador no es un Estado designado de la mancomunidad ya que no aparece en el listado de la asistencia mutua en asuntos penales. En consecuencia, si bien la Convención Internacional Americana ha sido ratificada por los Estados, y es un tratado relevante, las provisiones del MACMA no son aplicables para El Salvador”, dice el documento que, a la vez, recomienda al gobierno salvadoreño solicitar al Ministerio de Justica de Jamaica adherirse al MACMA.
Casi lo mismo ocurrió con Islas Caimán y Barbados, quienes cerraron toda posibilidad que los millones donados por Taiwán hayan sido depositados en bancos de ambos países caribeños.
El informe de Uruguay es más completo, pero el resultado para la investigación penal es negativo. Flores no es cliente del sistema financiero uruguayo. No posee ninguna cuenta bancaria y tampoco aparece como inversionista en ese país sudamericano.
Los otros dos informes que arribaron al tribunal, el de Brasil y el del Principado de Mónaco, aún están en manos del perito financiero y no han sido anexados al proceso. Todavía no se sabe qué es lo que dicen ambos informes.