El defensor público se quedó perplejo y estático. No sabía lo que ocurría en la sala del tribunal. Dos de sus defendidos, procesados por el delito de extorsión, iniciaron una serie de acusaciones en plena audiencia. Hasta los mismos fiscales se quedaron sorprendidos. El escenario les facilitaba el trabajo para probar el delito investigado.
Todo ocurrió el pasado jueves por la mañana. El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango instaló una audiencia preliminar contra Julio Presidente y Élida Barrientos, acusados por el delito de extorsión agravada.
En cierto momento de la audiencia, la mujer tomó la palabra. Se puso de pie e inició una serie de acusaciones contra Julio Presidente. Aseguró que ella era inocente, que únicamente había sido víctima de las circunstancias.
La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con el relato de la propia víctima, quien reside en los Estados Unidos. El testigo, con régimen de protección clave “Jei”, aseguró que los procesados le exigieron 500 dólares a cambio de no atentar contra su vida.
La víctima narró que hizo caer en una trampa a la señora acusada. Según expuso, años atrás la mujer fue su compañera de vida. Recientemente se enteró que esta se había acompañado con el acusado y que ambos habían fraguado la extorsión.
Ante esa acusación, la mujer declaró que la verdadera víctima era ella. Aseguró que Julio, su nuevo compañero de vida, se dio cuenta que ella tenía una cuenta bancaria y la presionó para que le pidiera dinero a su exmarido que reside en Estados Unidos.
Y así lo hizo. La mujer manifestó que le pidió dinero a su expareja y este le envió 500 dólares sin ningún reparo. Cuando tuvo el dinero en sus manos, dice, se lo entregó a su actual pareja. Luego su exmarido se dio cuenta que el dinero no era para ella y fue entonces que se molestó al grado de amenazarla con meterla presa.
La mujer siguió declarando ante la mirada de asombro de todos los que estaban presentes en la sala de audiencias. Continuó diciendo que días después, su expareja fingió un envío de dinero para que ella se lo depositara a un coronel en la cuenta de un banco de un centro comercial de Soyapango, pero al momento de recogerlo fue capturada junto a su actual compañero. “Todo es una venganza”, concluyó.
Tras las acusaciones de la mujer, el defensor público se declaró inhabilitado para seguir defendiendo a los acusados. La jueza decidió suspender la audiencia y tramitó el nombramiento de otro defensor para la señora.
El fusil que no pertenecía a la señora Cortez
María Antonia Cortez fue capturada en su propia casa. Minutos antes, un grupo de policías había encontrado un fusil en el techo de la vivienda. La señora, que se dedica a la recolección de latas, no supo cómo explicar el hallazgo.
El hecho ocurrió el pasado 2 de julio en la colonia Las Margaritas del municipio de Soyapango. La Policía Nacional Civil (PNC) realizaba el plan Casa Segura en esa colonia cuando detectaron que un menor de edad colocó en el techo de la casa de la señora un arma de fuego envuelta en una sábana.
Cuando los agentes registraron la vivienda encontraron el arma larga y comprobaron que se trataba de un fusil que había sido ocultada en el tendero de la casa. Al no encontrar explicaciones y documentos que determinaran la legalidad del arma, la policía procedió a la detención de la señora.
En la audiencia, realizado el pasado 26 de agosto en el juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, la jueza dejó en libertad a la acusada. La Fiscalía no logró vincular el arma con la señora Cortez.
Además, los agentes policiales no fueron coincidentes en sus declaraciones. Uno brindó una versión y un segundo otra distinta. Ante la duda, la juzgadora falló a favor de la imputada.
La señora salió de la sala de audiencias con lágrimas en sus ojos.