“Vamos a demostrar que los peticionarios no tienen la razón”. Así se expresó este jueves el viceministro de Transporte, Nelson García, tras conocerse que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad sobre la estructura del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Para García, los argumentos usados en los que se manifiesta que hay una violación ante el uso de una vía de uso público, propiedad del Estado, no aplican debido a que el SITRAMSS no es una obra de “explotación”. Es decir, no se va a concesionar.
“El carril segregado sigue siendo del Estado. No estamos concesionando; ahí van a pasar el mayor número de personas que va a pasar. Se reafirma cuando es utilizado por la mayoría de ciudadanos de este país”, aseguró.
García, quien añadió que hay algunas carreteras que son de explotación cuando se paga peaje, dijo que “ningún privado está sacando provecho del carril segregado”. En el caso del sistema de transporte, “es de carácter más público” que el carril que va a la par.
La Sala de lo Constitucional admitió ayer una demanda contra los artículos 2, 8, 25, 57 y el 156 del Reglamento General de Transporte Terrestre, en los que se expresa la explotación de obras materiales de uso público.
La demanda argumenta que la vía es financiada con recursos del Estado, como andenes, carriles segregados (exclusivos y/o preferenciales), estaciones de trasbordo y las terminales de integración. La infraestructura, añadieron los demandantes, al ser de carácter público su explotación debe estar sujeta al artículo 120 de la Constitución y ser concesionada a través de la Asamblea Legislativa. Es por ello que manifestaron que el Sistema Integrado Prepago (SIPAGO) hace uso de las líneas y rutas sin haber invertido.
El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, aseguró hoy que está dispuesto a dialogar con los magistrados de la Sala para abordar el SITRAMSS.
El Viceministerio de Transporte informó que el SITRAMSS sigue funcionando con normalidad.
Por su parte, diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) emitieron su postura sobre el proyecto. «Es una obra pública que debió ser licitada y aprobada en la Asamblea Legislativa», dijo el diputado de derecha, Carlos Reyes.