Desde el que ayudó para repartir los volantes hasta el que asesinó a un motorista en el marco del paro al transporte colectivo impuesto por amenazas de pandillas, todos deberán ser condenados como terroristas, según los señalamientos de la Fiscalía General del a República (FGR), un argumento basado en que, según los fiscales del caso, las acciones cometidas por las pandillas trascienden la búsqueda de la satisfacción personal y buscan fortalecer a una organización criminal que está cometiendo actos de terrorismo en el país.
“Una extorsión, un robo de vehículo, o la distribución de un panfleto con amenazas ya no puede ser visto como un hecho delictivo cometido por los pandilleros para lucrarse de manera individual, sino como un hecho vinculante cuya finalidad es obtener dinero que posteriormente servirá para comprar armas o granadas que, como ya hemos visto, son utilizadas para realizar atentados meramente terroristas”, dijo uno de los fiscales del caso, durante la audiencia de imposición de medidas, realizada este jueves.
Por su parte, Carlos Avelar, uno de los casi veinte abogados defensores particulares que se hicieron presentes a la audiencia señaló que, si bien algunos de los señalados pudieron participar en el hecho, “no se puede generalizar” al llamarlos a todos terroristas.
“Si son 308 los imputados, hay que establecer cuál fue la participación de cada uno y de qué manera cada uno tiene o no tiene un grado de responsabilidad el boicot al transporte colectivo. Hay que ver si se tienen bitácoras de llamadas, pero además el contenido de estas”, dijo.
De los más de trescientos acusados de participar en el paro al transporte colectivo, 129 fueron capturados en las siguientes semanas al fenómeno, mientras que los 179 restantes ya estaban recluidos en diversos centros penales, por lo que, de hallarse culpables, solamente recibirían un incremento en la pena.
La parte defensora insiste que en este caso “no pueden pagar todos por igual sin pruebas individuales”; caso contrario, dicen, se estaría cometiendo una violación severa a los derechos constitucionales de muchos de los implicados.
“No hay una bitácora que la Fiscalía haya presentado en donde se diga que fulano de tal efectuó llamadas a los empresarios o repartió panfletos o dio la orden para que se efectuara el paro; lo que quieren hacer aquí es un atarrayazo donde se vayan todos los señalados por el mismo delito, que es el de terrorismo, en este caso”, señaló otro de los abogados asignados a la defensa del caso.