Protestaron ocultando su identidad, luego fueron detenidos y hoy son acusados de sedición en tiempo de paz; 14 militares están bajo investigación bajo el supuesto de haber violado el Código de Justicia Militar.
Los siete militares que se manifestaron el pasado viernes para que se les asignara un bono –tal y como se hará con la Policía Nacional (PNC)-, junto a otros siete de ser presuntamente los autores intelectuales, guardan detención ya que habrían, según el artículo 82 del Código, cometido sedición al hacer “reclamaciones o peticiones colectivas en voz y cuerpo, y con las armas en mano, aunque no se promueva tumulto”.
Fue el mismo ministro de Defensa, David Munguía Payés, acompañado por el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), quien confirmó los procedimientos que debían tomar los agentes que se sintieran inconformes.
“Nuestros efectivos tienen derecho a reclamar, pero somos regidos por leyes especiales del reglamento militar de los cuales se especifica, a través de un conducto, cuál es la forma en la que nosotros podemos contestar. En ningún momento podemos protestar en número mayor de cuatro y armados. Eso es sancionado por el delito de sedición”, explicó desde el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM).
No obstante, añadió, cuando se trata de aumento salarial para todo el Ejército es una solicitud que no está en sus manos.
La forma a la que se refiere Munguía Payés implica que si un soldado quiere hacer un reclamo, debe hacerlo a través de su superior inmediato y este lo eleva a una actividad con poder de resolver. Así ha sido durante la historia de la FAES.
Pese a que existe ese procedimiento, los militares que protestaron “en ningún momento” se pronunciaron ni se expresaron previamente con algún mando alto.
Las investigaciones contra los militares han comenzado. De atribuirse la violación al reglamento interno, podrían adjudicarse penas de cinco a diez años de reclusión para los cabecillas y de uno a tres años para los ejecutores.
Munguía Payés descartó que los soldados estén detenidos en condiciones infrahumanas. “No es cierto. Inclusive la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se ha hecho presente y nos ha hecho algunas observaciones. Son puras especulaciones”, recalcó.
Foto D1: Nelson Dueñas.
Aseguró que actualmente el caso se está ventilando en un Juzgado Militar de Instrucción.
Será a partir de lo que se investigue, el caso podría pasar a manos de un Juzgado de Primera Instancia militar; es decir, un juez civil que será nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A partir de ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) será informada para que intervenga.
La manifestación que terminó en detención
Un grupo de unos 30 soldados se concentró la mañana del pasado viernes en la zona del Reloj de Flores de San Salvador para marchar hacia Casa Presidencial con la finalidad de exigir un bono de $600 dólares, similar al que se les entregará a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los soldados llegaron uniformados, armados y tapados del rostro con gorros navarone. Según expusieron, ellos también arriesgan sus vidas en los patrullajes que realizan junto a la PNC. Recordaron que algunos de sus compañeros han sido asesinados en el combate contra grupos de pandilleros.
“El Batallón dijo que nos abstuviéramos de ir a la marcha porque si no nos íbamos a atener a las consecuencias. El motivo de nosotros, de estar en esta marcha, es porque necesitamos el bono de $600 dólares, sabemos que han destinado 13 millones para la Fuerza Armada”, expuso uno de los militares.
Sin embargo, instantes después de haberse reunido, un oficial de la Fuerza Armada llegó al sector para disuadirlos que desistieran con la marcha de protesta. Incluso, los amenazó con encarcelarlos.
A inicio de mes, el Gobierno anunció que destinaría 15 millones de dólares para otorgar un bono de $600 a todos los policías del nivel básico. También destinó $13 millones para fortalecer salarios de los elementos que participan en patrullajes.
El ministro de Defensa, ante esos fondos, reiteró que no estaban considerados para pagos de bonos a ningún agente. El requerimiento fue hecho a la Presidencia de la República para renovar contratos y pagarles a los 6 mil 300 soldados que apoyan la seguridad pública, pese a que llevan seis años sin aumento salariales.
Las reuniones con el presidente Salvador Sánchez Cerén son constantes, determinó Munguía Payés: “y él ha mostrado su buena voluntad de colaborar con nosotros”.