El Tribunal Cuarto de Sentencia instaló este viernes una audiencia especial contra ocho imputados en el caso CEL-Enel para determinar si se les exonera de la responsabilidad civil, es decir, que se les levante los embargos ordenados por el juez Séptimo de Instrucción por los daños causados al Estado tras el contrato anómalo con la empresa italiana Enel.
A la audiencia ha llegado el fiscal general de la República, Luis Martínez, quien ha manifestado que el acuerdo marco firmado en Washington también incluía la exoneración para los ocho exfuncionarios salvadoreños.
En la audiencia también están presentes los diputados de ARENA, Ana Vilma de Escobar y Johnny Wright Sol. Además, están algunos personeros de la embajada de los Estados Unidos.
A inicio de mayo pasado el juez Miguel Arguello mandó a la etapa de juicio el caso CEL-Enel en el que están involucrados exfuncionarios de la administración presidencial del expresidente Flores.
Sin embargo, el proceso penal terminó para Vicente Machado, exrepresante de Enel en El Salvador, porque el juez consideró que en su caso sí aplica el acuerdo marco firmado en Washington pues este era empleado de esa empresa.
Arguelló esgrimió que el representante legal de CEL, Óscar Romero Larios, manifestó en el juicio que solo habían renunciado al ejercicio de la acción civil en contra de las sociedades Enel y el imputado Machado, pero no contra los demás procesados.
Por tanto, Guillermo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Tom Hawk, Julio Alberto Olano, Carlos Jacinto Chavarría, José Ricardo Palomo y Miguel Lacayo continúan como acusados.
Edgar Morales Joya, defensor de Sol Bang, calificó como “contradictoria” la decisión judicial porque la exención de la responsabilidad civil –daños al Estado- que firmó el fiscal Luis Martínez en Estados Unidos con los representantes de Enel, solo ha beneficiado a Machado y no al resto de imputados.
“Es contradictoria definitivamente. ¿Cómo es posible que diga que un acuerdo marco firmado por el señor Luis Martínez no es vinculante?, pero sí lo hace vinculante para un imputado y no lo hace para los demás. Hay una serie de argumentaciones totalmente contradictorias”, expuso.
Morales Joya indicó que, si bien la resolución del juez no es apelable, sí presentarán un recurso por la no admisión de la modificación del delito por el que son procesados todos los imputados.
“Nosotros planteamos un cambio de calificación del delito (de peculado a negociaciones ilícitas), al operar el cambio de calificación opera también la prescripción, pero él la ha declarado no ha lugar y eso vamos a estudiar”, aseguró.
Esa apelación fue rechazada por una Cámara de lo Penal de San Salvador.