El Ministerio de Economía consideró que el haber fiscalizado con eficiencia los procesos de envasado y distribución del gas propano ha permitido que la población beneficiada con el subsidio goce de un producto con calidad y peso exacto, lo que significa un ahorro en la economía de cada familia salvadoreña.
Las diferentes acciones y estrategias del Ministerio de Economía, la fiscalización en el peso y calidad del gas propano, baja en el precio de los hidrocarburos y un diálogo constante con los productores para la ejecución de autorregulaciones y auditorías internas en sus procesos, han permitido ahorros en el pago de subsidios por más de 30 millones de dólares en el primer semestre de este año, dijo esa cartera de Estado a través de un comunicado.
Dichos fondos han sido utilizados por el gobierno central para el refuerzo presupuestario de actividades de enorme beneficio para la población como la seguridad pública, educación, agricultura, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores, detalló.
Economía señaló que para el segundo semestre de este año 2015 se ha proyectado un ahorro adicional de más de 5 millones de dólares, esperando llegar a la meta de haber ahorrado eficientemente alrededor de $35 millones a las arcas del Estado.
Adicionalmente, este ahorro ha permitido incluir nuevos beneficiarios, dando mayor cobertura a poblaciones rurales y otros sectores que estaban excluidos del servicio y seguimos ampliando este beneficio a más familias salvadoreñas, como es el mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén a esta cartera de Estado.
En el año 2012 el consumo del subsidio al gas fue de más de $139 millones; en 2013 fue por más de $138 millones; en 2014 alcanzó más de 103 millones, y en 2015 está proyectado un consumo de $74 millones, reflejando un significativo ahorro por eficiencia, fiscalización, precios internacionales, transparencia y diálogo con productores, enfatizó.
El ministerio de Economía, asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Republica y al Tribunal de Ética Gubernamental, entidades notificadas del caso por recomendación de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que agilicen las investigaciones pertinentes sobre los retrasos encontrados en torno a los procesos sancionatorios contra las empresas gaseras, lo cual afectaba a más de un millón doscientos mil hogares, así como de otros hallazgos mencionados en el informe.