Crear un programa permanente de formación que incluya la sustitución del profesorado universitario por la licenciatura en educación, remozamiento completo de todas las escuelas de El Salvador, estructuración de un programa de evaluación de profesores y de contenidos impartidos en las clases, mejoramiento de la profesionalización académica para la generación de conocimientos propios y otras ambiciosas propuestas presentó el Consejo Nacional de Educación (CONED) como ejes estratégicos para la transformación del sistema educativo. Sin embargo olvidó explicar cómo financiarla.
La propuesta de reforma se basa en siete ejes: mejoramiento de la formación docente, cuido de la primera infancia, evaluación continua de los profesores, integración de la comunidad y la familia en la escuela, implementación de la equidad de género y pertenencia al sistema educativo, dinamización de la currícula, generación de conocimientos propios, educación en adultos mayores y las reformas legales necesarias para asegurarle un entramado a los planes.
Lo principal de la reforma, según Carlos Canjura, ministro de Educación, es la formación del docente. “Cualquier esfuerzo de cambios en el sistema debe gravitar alrededor de él”, expresó en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Eso incluye, además, la eliminación del profesorado universitario que dura tres años que sustituirán las licenciaturas como grado académico mínimo, las maestrías y los doctorados.
A la par de la formación más exigente el docente deberá estar, de acuerdo a la propuesta, contratado a tiempo completo con un salario superior al actual que oscila entre 500 a 800 dólares. Los participantes del Consejo se mostraron convencidos de que si la calidad del profesor no mejora cualquier intento de reforma será vano.
Canjura explicó que también es necesario cambiar los métodos de evaluación en el sistema público que no pueden limitarse a un examen cada cierto tiempo. “Debemos ser muy creativos en la construcción de ciudadanía y capacidades productivas”, agregó.
Señaló, además, que es urgente que el país tenga más profesionales con doctorados y maestrías para que generen conocimientos propios. Son las universidades las que deberían estar más comprometidas en eso, afirmó: “Cuando vemos las estadísticas quedamos casi incapacitados para promover esos conocimientos”.
Para trabajar el Consejo se ha dividido en siete mesas: de educación básica, universitaria, infraestructura y violencia, entre otras. La mesa Técnica de Docentes, explicó Carolina Rovira, una de sus integrantes, detectó que el profesorado no es valorado en la sociedad y ellos perciben que no se les valora su desempeño profesional no obstante, a veces trabajan en medio de una escandalosa violencia provocada por las pandillas. Los profesores tampoco sienten que la estructura salarial sea incongruente con su esfuerzo.
Para corregir las deficiencias, sugirió la mesa de Docentes, es necesario que el nivel académico mínimo de un docente sea la licenciatura, trabaje a tiempo completo -40 horas semanales- y el salario sea el doble al actual. Implica, además, que la contratación sea más estricta principalmente basada en la capacidad.
“La visión de formación no ha respondido a la profesionalización sino a la necesidad de responder a las reformas educativas”, dijo Rovira. En la actualidad, detalló, la contratación tiene como criterio dominante la antigüedad del docente.
José María Tojeira, integrante del Consejo, aplaudió las iniciativas pero cuestionó de dónde saldrá el dinero para financiarlas porque solo el remozamiento de todas las escuelas del país, por ejemplo, puede costar la mitad del presupuesto General de la Nación, es decir, unos $2,200 millones.
Sandra de Barraza, experta en educación, dijo que es necesario concienciar que si los salvadoreños quieren una buena educación hay que pagarla. Por eso, afirmó, también es necesario crear un acuerdo de nación para llevar a buen puerto las reformas.
El pastor Mario Vega consideró que un buen método de financiamiento puede ser a través de una reforma fiscal acompañada de una reforma a las instituciones encargadas de la contraloría del Estado para que éstas puedan fiscalizar mejor cómo se ocupa el dinero.
“Si tomamos todas las propuestas de reformas vamos a necesitar unos $7,000 millones (…) es necesario simplificar para llevarlo a la realidad”, concluyó Óscar Joao Picardo, académico de la Universidad Francisco Gavidia.