El caso CEL-Enel, donde ocho personas son acusadas por el delito de peculado, pasó este martes a manos del juez del Tribunal Cuarto de Sentencia. La información fue confirmada por el departamento de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Los imputados que enfrentarán el juicio son Guillermo Alfredo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Thomas Roy Hawk Baker seguirán procesados por el delito de peculado. José Ricardo Palomo Deneke (en grado de coautoría) y Miguel Lacayo Argüello (en grado de cómplice).
A inicio de mayo pasado, el juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel Arguello mandó a la etapa de juicio el caso CEL-Enel en el que están involucrados exfuncionarios de la administración presidencial del expresidente Flores.
No obstante, el proceso penal terminó para Vicente Machado, exrepresante de Enel en El Salvador, porque el juez consideró que en su caso sí aplica el acuerdo marco firmado en Washington pues este era empleado de esa empresa.
Arguelló esgrimió que el representante legal de CEL, Óscar Romero Larios, manifestó en el juicio que solo habían renunciado al ejercicio de la acción civil en contra de las sociedades Enel y el imputado Machado, pero no contra los demás procesados.
Edgar Morales Joya, defensor de Sol Bang, calificó como “contradictoria” la decisión judicial porque la exención de la responsabilidad civil –daños al Estado- que firmó el fiscal Luis Martínez en Estados Unidos con los representantes de Enel, solo ha beneficiado a Machado y no al resto de imputados.
“Es contradictoria definitivamente. ¿Cómo es posible que diga que un acuerdo marco firmado por el señor Luis Martínez no es vinculante?, pero sí lo hace vinculante para un imputado y no lo hace para los demás. Hay una serie de argumentaciones totalmente contradictorias”, expuso.
El proceso penal
En septiembre de 2013, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación penal contra 19 exfuncionarios de gobierno por el delito de peculado, que consiste en el hurto de fondos del Estado aprovechándose del cargo público que ostenta el funcionario.
De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades en el contrato hicieron perder al Estado salvadoreño más de 2 mil millones de dólares.
La audiencia inicial se realizó el 25 de noviembre del mismo año. La jueza decidió sobreseer penalmente, a petición de la misma Fiscalía, a Óscar Armando Valdez Iraheta, Roger Martín Avilés, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Martínez y Paolo Pietrogrande.
A los otros siete imputados les decretó instrucción con medidas alternas a la detención. Estos son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo, el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, el expresidente de LaGeo, Jorge Simán, el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón, y el exdirectivo de LaGeo, José Ricardo Palomo Déneke.
Así como los exdirectivos de la CEL y LaGeo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría y Tom Roy Hawk Baker.
En abril del año pasado, la Fiscalía solicitó el embargo por la cantidad $2 mil millones en contra de los procesados. La mayor parte del embargo fue contra las Sociedades Enel Green Power S. A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., por la cantidad de 948 millones 359 mil 785 dólares con 1 centavo.
A los imputados Sol Bang y Miguel Lacayo se le embargó, a cada uno, bienes hasta por 37 millones 934 mil 391 dólares con 4 centavos.
En diciembre del año pasado, el gobierno salvadoreño acordó con la empresa italiana Enel finalizar el pleito legal entre ambos. El acuerdo incluía retirar la responsabilidad civil a la multinacional italiana. A cambio, Enel vendió al gobierno sus acciones en LaGeo por $280 millones.
Además de realizar todas las comunicaciones debidas para poner a la orden de dicho tribunal los embargos que pesan sobre los imputados, e informarles que tienen que realizar su primera presentación el 19 de junio al tribunal y así continuar con las medidas sustitutivas con las que gozan actualmente.