La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) denunció este viernes de forma pública amenazas e intimidaciones que han recibido contra todo el personal que labora para la organización, que la semana pasada envió una carta a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces, Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que investigue las supuestas irregularidades presentadas en los casos Francisco Flores y Cel-Enel.
Llamadas y correos electrónicos anónimos son las maneras en las que han tratado de intimidarles desde hace unos días, prácticas que se habrían intensificado ayer. Las amenazas están dirigidas para que el ISD cese las actividades relacionadas a las investigaciones de los casos en los que han expuesto hay deficiencias de investigación y tratamiento.
El director ejecutivo del ISD, Ramón Villalta, aseguró que harán uso de todos los recursos legales, tanto nacionales como internacionales, para “buscar nuestra protección”.
Pese a que esta no es la primera vez que han recibido amenazas, el ISD descartó enviar la denuncia a la Fiscalía General de la República, ya que es una entidad en la que dicen no tienen confianza.
“Continuaremos en los esfuerzos por garantizar que este tipo de amenazas sean investigadas a fondo. Poder encontrar quiénes son los responsables que vuelven a usar prácticas del pasado. Teniendo en cuenta un contexto, en el que las últimas semanas, han aparecido muertos, representantes de organizaciones sociales, como el miembro de AlGES, miembros de sindicatos, como de otras organizaciones”, recalcó Villalta, quien dijo espera “esto no es algo que se está orquestando” para luego hacer parecer que las motivaciones son delincuenciales.
En la conferencia de prensa, uno de los abogados querellantes del caso Flores, René Landaverde, calificó las amenazas como “una campaña de amedrentamiento” ante las denuncias que han hecho como ISD por el proceso en el que se acusa al expresidente de la República de corrupción.
Para Landaverde, el exmandatario “ya hubiese sido sobreseído si el ISD no tuviese un papel de querellante”.
El ISD prefirió no dar nombres ni adelantar sectores que podrían estar involucrados y no “ser irresponsables”.
Al igual que lo hicieron al inicio de esta semana, solicitando a la Relatora Especial de la ONU, Gabriela Knaul, que investigue las deficiencias en los procesos de Cel-Enel y el caso Flores, el ISD pedirá que identifique “los atentados a la independencia que se están cometiendo en el país”.