Dirigentes de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales) de El Salvador exigieron este sábado que la justicia aclare los asesinatos de doce de sus activistas, y afirmaron que una legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no es para ellos prioritaria.
«Aquí nos están matando. Primero que no nos maten y después hablamos, porque de nada servirían los matrimonios gay si nos siguen matando», afirmó el dirigente William Hernández, al encabezar la manifestación del orgullo gay en San Salvador.
A pesar de calificar como «una lección de democracia» la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos el viernes, Hernández indicó que «los matrimonios gay no son una prioridad para la comunidad LGBTI de El Salvador».
De enero a la fecha, según el dirigente, se acumulan 12 «repudiables» asesinatos en su comunidad, aunque la cifra global desde 1997 llega a los 500.
«Tenemos una situación grave. Los asesinatos no han sido aclarados, no se han investigado», declaró por su parte a la AFP la activista transexual de la Asociación Arcoíris, Stacy Aragón.
El asesinado de Francela (Miguel Méndez) -activista del programa de prevención del Sida del Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, Tuberculosis y Malaria- el pasado 31 de mayo causó gran conmoción en los organismos humanitarios.
Los activistas de la diversidad sexual marcharon este sábado portando banderas con los colores del arcoíris y luciendo trajes diminutos o disfrazados con diferentes atuendos, desde el parque Cuscatlán, en el centro oeste de la capital, hasta la plaza El Salvador del Mundo, en el sector oeste, donde continuaba la actividad.
«En El Salvador, la impunidad es responsabilidad del Estado», consignaba una gigantesca pancarta que mostraba los rostros de los activistas asesinados.
Varios de los manifestantes lucían alas con adornos negros, «en señal de duelo» por los asesinados, según explicó Jeiry Hernández, un transexual de 26 años.
El pasado 17 de abril, el Congreso salvadoreño aprobó una reforma constitucional que, de ser ratificada por el nuevo parlamento que tomó posesión el 1 de mayo, impedirá los matrimonios homosexuales al solo dar lugar a la unión entre un hombre y una mujer «así nacidos».