Es medianoche, policías registran casa por casa en Alta Vista, en el este de San Salvador, en una operación para contener a los pandilleros que siembran el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras, la región sin guerra más violenta del mundo.
Alta Vista es una colonia de trabajadores que vive intranquila por Barrio 18, una de las más peligrosas pandillas, y su rival la Mara Salvatrucha (MS-13). Ambos son grupos del crimen organizado dedicados a la droga, la extorsión, el sicariato y otros delitos.
«Ver, oír y callar», rezan algunos graffiti en muros de Alta Vista, donde los pandilleros incluso han usurpado viviendas de quienes las abandonan por temor. Igual pánico viven otros barrios de Honduras y Guatemala, acorralados por las pandillas o «maras».
Con un promedio de 51,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según un informe de 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, El Salvador, Guatemala y Honduras -el llamado Triángulo Norte Centroamericano-, optaron por militarizar la seguridad pública para enfrentar a unos 100.000 pandilleros.
Guatemala sacó a las calles 4.500 militares para apoyar a 35.000 policías, El Salvador 7.000 soldados y 23.000 policías, y Honduras 2.000 militares y 3.500 policías militares, una estrategia que algunos especialistas consideran peligrosa.
La situación asemeja una guerra. Pandilleros cubiertos de tatuajes enfrentan a militares y policías encapuchados, en una batalla cotidiana por controlar territorios.
Peligro de radicalización
Para algunos expertos, la mano dura como respuesta al repunte pandillero entraña riesgos de una agudización del conflicto.
«Volver a la mano dura con el uso extremo de la fuerza militar va a radicalizar este conflicto social. Se está generando un clima bastante peligroso», advierte en San Salvador la socióloga Jannet Aguilar de la Universidad Centroamericana (UCA).
Ante los ataques y muerte a manos de pandilleros de 24 policías y seis militares este año, el gobierno salvadoreño creó batallones élite del ejército y la policía, y alentó a los agentes a defenderse con sus armas. Para Aguilar esa directriz «es una licencia para matar».
En Guatemala, el viceministro del Interior, Edi Juárez, comentó que con el programa antipandillas PANDA se capacitó a policías y fiscales, y se crearon unidades para ver «cómo se están moviendo» las maras y lanzar operaciones para capturar hasta 70 pandilleros de una sola vez.
«Hemos ido avanzando y ahora las fuerzas de tarea se transformaron en ‘mesas de análisis’, donde damos seguimiento permanente al modus operandi de las pandillas», destacó.
En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández creó la Policía Militar con 3.500 efectivos para combatir a las pandillas y bajar la criminalidad.
Ese refuerzo a la seguridad responde a un rebrote de la actividad extorsiva de las maras, que queman autobuses, destruyen locales, torturan y asesinan para cobrar sus «impuestos de guerra», intimidando a comunidades enteras para que no los denuncien.
Entre 2009 y 2013 en Centroamérica se cometieron 99.408 homicidios, «cuatro de cada cinco» en Guatemala, El Salvador y Honduras, según datos del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).
De enero a marzo pasados, El Salvador registró 16,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras 14,3 y Guatemala 7,5.
Para el analista guatemalteco Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos, la política represiva ha fracasado y cerró los espacios a la prevención.
«Todas aquellas políticas preventivas para brindar oportunidades a la juventud, acceso a derechos fundamentales como educación y salud, siempre son demeritadas por la política de llenar las cárceles o de ejecución extrajudicial», advirtió Santos.
Nuevas Pandillas
El ambiente de impunidad, la facilidad de obtener dinero mediante la venta de drogas y extorsiones a indefensos transportistas, pequeños comerciantes y particulares, alentó el surgimiento de nuevas pandillas o a dividirse en facciones las ya existentes.
En Honduras surgieron «Los Benjamines», «Los Vatos Locos», «El Combo que no se deja» y la pandilla de «Los Chirizos», cuyas extorsiones han provocado el cierre de comedores populares en mercados de Tegucigalpa.
En El Salvador, disputas por el control de territorios para extorsionar llevó a Barrio 18 a dividirse en tres bandas: 18 Sureños, 18 Revolucionarios y MD.
La activista hondureña de Derechos Humanos Itsmania Pineda advierte que en el Triángulo Norte los reclutamientos de las pandillas son cada vez «más forzosos», por lo que muchos menores emigran a Estados Unidos o sus familias se desplazan a zonas más seguras.
El Salvador tiene en prisión a 12.851 mareros, Guatemala a 1.467 y Honduras apenas cerca de un millar. Pero aún desde la cárcel siguen cometiendo delitos, reconocen las autoridades.
Para Santos «las altas tasas de desigualdad e inequidad» de una Centroamérica con cerca del 40% de sus 46 millones de habitantes pobreza es el «caldo de cultivo» para las pandillas.