El 1 de junio Salvador Sánchez Cerén cumplirá un año como presidente de la República. Pero todo parece indicar que su administración en el Ejecutivo seguirá cojeando de las mismas patas que la de su antecesor Mauricio Funes: seguridad, economía, educación y salud.
Más que hacer una encuesta de opinión, Diario1.com se fue a las calles, a las universidades, mercados y a cualquier esquina y se acercó a la gente de pie, a la que sufre las embestidas de las pandillas, el maltrato de los buseros, la que suda para ganarse el alimento de cada día y que saca de los bolsillos hasta el último centavo para pagar deudas a los usureros y les preguntó: ¿cómo evalúa los primeros doce meses de gestión del presidente Sánchez Cerén? ¿Han mejorado o empeorado los problemas más apremiantes del país?
En esta primera entrega las voces cantantes las llevan Julio Martínez, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica (UTEC) y Carlos y Maura, estudiantes de esa casa de estudios que evalúan el desempeño del mandatario en Educación y Seguridad.
“Es presidente y tiene poder pero no sabe qué hacer”
Hace dos meses unos ladrones mataron a María. Querían robarle sus pertenencias pero ella corrió lo más que pudo para perderlos. La acribillaron desde la distancia, como se hace con un tiro al blanco. La muerte no salió en las noticias de las 8 de la noche. Tampoco en las de las 9. Maura, una de las vecinas de la víctima, todavía se pregunta por qué no vio el crimen en las ediciones estelares de uno de esos noticieros. Todo pasó a unas pocas cuadras de Cárcel de Mujeres, en Ilopango.
Carlos estaba en el parque San José cuando dos sujetos con los rostros cubiertos con pasamontañas se le acercaron, lo amenazaron con cuchillos y le exigieron su teléfono celular. Eran cerca de las 7 y 30 de la noche. Primero pensó en lo ridículos que se veían los tipos y luego en correr pero recordó que la muerte llega en el momento menos pensado y viaja a tanta velocidad que da vértigo imaginarla. Les dio el teléfono convencido que su vida vale más que uno de esos aparatitos que llenan los estantes de los centros comerciales.
Maura y Carlos, estudiantes de la Tecnológica de tercer año de Comunicaciones y primero de Antropología, respectivamente, cuentan esas experiencias recientes con aire de resignación, así como los alcohólicos aceptan que si encuentran una copa de vino mal parada se la van a empinar de un trago. A ellos les ha tocado contar sus experiencias de los primeros 365 días de Sánchez Cerén en el que quizá sea su Talón de Aquiles: la inseguridad.
En este asunto las responsabilidades no siempre caen sobre el exinsurgente. No. Las culpas se remontan, para estos jóvenes, a donde más les da su memoria: a los años de Mauricio Funes. Y es cuando las sentencias absolutas impuestas por la realidad caen con peso: “Este Gobierno nada ha cambiado. ¿Y qué pueden hacer frente a las pandillas? Nada, no tiene capacidad para enfrentarlos”, dice Maura en una de las bancas de plástico ubicadas en un pasillo claroscuro que conduce a la Biblioteca de Cultura de la Universidad.
Carlos es más optimista y cree que sí hay una alternativa para acabar con las pandillas: la educación. Su propuesta es que cualquier gobierno impulse un proceso que siembre una cultura de antiviolencia en las generaciones que vendrán. Después todos verán los cambios positivos. ¿Y ha hecho algo de esto Sánchez Cerén con su ministro de Seguridad Benito Lara? No, se ha dedicado a repetir lo que desde la dictadura militar es la estrategia de cajón: sacar a la calle batallones militarizados que solo podrían agudizar la violencia. Ah, también se dedicaron a eso los últimos tres presidentes electos bajo la bandera de ARENA: Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca.
“Han tratado de controlar a las pandillas pero si no educan a las futuras generaciones no sirve de nada”, afirma mientras revisa el Facebook en su Tableta.
Cuando Funes asumió la presidencia en 2009 las muertes violentas se convirtieron en uno de los tantos dolores de cabeza que lo pusieron contra las cuerdas. En noviembre de 2011 la cifra de homicidios alcanzaba los 12 diarios. Fue entonces cuando renunció –según la versión oficial- como ministro Manuel Melgar. Ese mismo mes David Munguía Payés asumió la vacante con una promesa audaz: reducir los crímenes en un 30 por ciento en poco tiempo. Cuatro meses después estalló mediáticamente la tregua entre pandillas que “milagrosamente” frenó las estadísticas negativas y de un día para otro redujo a 5 los asesinatos diarios.
¿La tregua fue buena o mala? Hay defensores y opositores para todas las causas. Lo cierto es que durante la vigencia del armisticio los homicidios disminuyeron mientras los cabecillas pandilleros actuaban el papel de héroes ante los medios de comunicación y estos atendían sus conferencias de prensa.
Pero como nada es eterno en el mundo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) declaró ilegal el nombramiento de Munguía Payés en Seguridad –por ser militar de carrera- y en su lugar asumió Ricardo Perdomo, quien decidió alejarse de la tregua y mandar a los cabecillas a donde estaban antes: aislados y purgando penas. Entonces los homicidios diarios volvieron a aumentar.
Ha sido a Sánchez Cerén el que le ha tocado firmar la defunción definitiva de la tregua y alejarse de las maniobras de Funes. De cinco los crímenes alcanzaron los 15 y ahora se cuentan en 21 diarios. Y las pandillas han demostrado que pueden subir o bajar el volumen de la violencia cuando quieren.
“El Gobierno no puede hacer nada contra ellos”, comenta Maura. Agrega, además, que en la colonia donde vive, AltaVista –ubicada en Ilopango- está contra la espada y la pared: a un costado está ubicada una comunidad dominada por la MS y al otro una que asedia el Barrio 18. Está en medio de ese fuego.
¿Y ante eso puede servir de algo la policía comunitaria? En medio de esa inseguridad la paranoia parece haberse apoderado de la población que más sufre la violencia. Maura, por ejemplo, cuando una vez los agentes se acercaron para hablar con ella los evitó porque dudaba de que en realidad no fueran sino pandilleros disfrazados en busca de información. “Hasta me preguntaron con quién vivía. Solo se me vino a la mente: ‘Este a saber qué me quiere sacar’”, cuenta.
Carlos vive en la primera etapa de la colonia Las Margaritas, en Soyapango. Él sabe que en la cuarta etapa la pandilla hace de las suyas y han reclutado a menores de quince años que ahora se pasean desafiantes en los pasajes con mochilas colgadas en los hombros.
¿Y si Sánchez Cerén cambia funcionarios? Según Maura, no sirve de nada. Carlos dice que siempre llegan a enfrentar la delincuencia con los mismos métodos que solo agudizan la violencia.
Nada ha cambiado en 365 días. Ni mejora la situación ni ellos recuperan la esperanza de cambios.
“Hay profesores que ni siquiera correo electrónico tienen”
La oficina de Julio Martínez es un palacio de madera que cruje cada vez que alguien con más de 130 libras de peso camina rápido sobre él. Sobre el escritorio tiene varios legajos ordenados a la ligera, una computadora negra y unos pequeños adornitos que bien podrían ser la delicia de un niño travieso con ganas de tragar objetitos. Detrás de la silla en la que se sienta con soltura cuelgan varios cuadros con añoranzas oníricas y otro con la cara de Ernesto Che Guevara estilo estampita de turista gringo.
Al académico le ha tocado evaluar los doce meses en Educación de otro académico: Carlos Canjura; y ese es el primer acierto –quizá uno de los pocos- que ha logrado el excomandante guerrillero: haber puesto a uno de los hombres que desde finales de los años 70 se han caracterizado por su empeño y dedicación al mejoramiento de la calidad educativa. “Contar con él es sumamente bueno”, reitera.
Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el proverbio popular. Eso Martínez lo tiene más que claro cuando recuerda que la educación es menos que una pobre cenicienta a la hora que el Ministerio de Hacienda distribuye el dinero del Presupuesto General de la Nación cada año. Las cifras lo confirman: en educación básica, por ejemplo, históricamente ningún gobierno ha invertido más de $400 millones, es decir, menos de $285 por alumno.
¿Y cómo progresa un país que destina millones de dólares a viajes y lujos de sus funcionarios pero se olvida de las nuevas generaciones? Nadie sabe cómo se llega al desarrollo sin pensar en la formación de profesionales en todas las áreas del saber pero por si hay dudas de las intenciones de los efemelenistas en el poder hay muestras tibias que bien pueden reflexionarse: a finales de 2011 Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, anunciaba que el presupuesto para ese rubro iba a aumentarse en $100,000, 000 para 2012, es decir, que la inversión partía del 3.09% del Producto Interno Bruto (PIB) al 3.39 por ciento. Roberto Cañas, firmante de los Acuerdos de Paz, calculaba en una columna de opinión publicada en un medio digital: “Está indicando que por cada dólar producido en la economía, solo 3 dólares con 39 centavos se utilizarán para educación y ese porcentaje es muy bajo si se toma en cuenta las necesidades educativas del país”.
Luego viene la guillotina de los organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha recomendado que el gasto en esa área sea, como mínimo, del 7% del PIB. Ni con el gobierno de Funes ni con los primeros 365 días de Sánchez El Salvador ha llegado siquiera a la mitad.
La historia no es nueva. Entre 2001 y 2011 los gobiernos han invertido $6,313.81 millones en educación pero nunca la han incrementado para el cumplimiento de un objetivo académico sino para atender emergencias como los estragos que han dejado terremotos, huracanes, tormentas tropicales y otras devastaciones no tan naturales, según el informe El Financiamiento de la Educación que presentaron en 2013 el MINED, FIECA y UNICEF. En el primero año la administración de Francisco Flores ejecutó $472,000, 000 en ese rubro y diez años más tarde la de Funes ejecutaba $764,000, 000, es decir, que la inversión aumentó apenas $292,000, 000.
“Puedes tener al mejor y más capacitado académico pero necesita estar acompañado de un buen presupuesto porque si no la pasión y el deseo terminan en frustración”, dice en tono doctoral lo que trae a la mente las promesas de campaña de los efemelenistas y las intenciones de buenos deseos de los diputados. En su plataforma legislativa 2015-2018 el oficialismo ha prometido aumentar la inversión pero esas palabras las han repetido desde mucho tiempo antes.
A la par del dinero viene la necesidad de un buen plan educativo. En el periodo Funes –en los primeros meses la educación estuvo bajo el mando del ahora presidente- vio la luz pública el plan Vamos a la Escuela que, según Martínez, es tan bueno que podría incluso ser capaz de arrebatarle potenciales soldados al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha. Pero ni sus creadores han luchado lo suficiente para llevarlo del papel a la realidad.
“En el periodo de Carlos (Canjura) se ha continuado con lo mismo, es decir, con casi nada”, opina. ¿Y a los profesores, quién podrá defenderlos? Esta es casi la pregunta que se hace el director de la Escuela de Antropología cuando recuerda que una de las promesas de campaña de Sánchez Cerén –casi siempre acompañado de la pompa de Alba Petróleos- fue “un niño, una computadora”, eso está bien, dice, pero él preferiría que los docentes de todos los rincones patrios aprendan a usar las nuevas tecnologías para que puedan empapar con conocimientos a todos los estudiantes.
“En el campo hay profesores que ni siquiera correo electrónico tienen y ni siquiera tienen la mínima idea que existe información (en internet) que pueden presentar a los alumnos”, explica mientras abre una página en la que ha colgado varios relatos de profesores de escuelas de Cojutepeque sobreviven el día a día con nada más que las ganas de enseñar a sus estudiantes. “Me parecería muchísimo mejor que los profesores tuvieran una computadora cada uno”.
Martínez sumerge la mirada lo más profundo que puede y ve que la educación no está desvinculada de la vida económica, política y social del país. No. Cree, por ejemplo, que si hace seis años el Ministerio hubiera inculcado desde el primer año a los estudiantes valores cívicos, solidaridad y otros ahora el sistema cosecharía una generación diferente, menos proclive a la influencia criminal. Con cierta desesperanza admite que un gobierno de izquierdas ya debería haberlo hecho.
“Es imposible ir en un modelo económico que es contrario a un modelo educativo de desarrollo de valores sociales y solidarios; la realidad económica los rebotaría”, concluye.