El Tribunal Supremo español confirmó este miércoles la decisión de la justicia de investigar a varios exmilitares salvadoreños por el asesinato en 1989 de cinco sacerdotes jesuitas españoles, considerando que el juicio en ese país centroamericano no tuvo las «garantías necesarias».
El alto tribunal avala así la decisión del juez Eloy Velasco de proseguir con la investigación de este caso por «ocho delitos de asesinatos terroristas», informó una fuente judicial.
El Supremo basó su decisión en que, por un lado, algunas de las víctimas eran españolas y, por otro, el proceso llevado a cabo en el país centroamericano no habría tenido las «garantías necesarias».
El tribunal considera en una decisión razonada que hay «indicios suficientes» de que «el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad».
El juez Velasco, de la Audiencia Nacional -principal instancia penal española-, mantiene procesados a una veintena de militares salvadoreños retirados por el asesinato 1989 en El Salvador del rector y el vicerrector de la Universidad Centroamericana, los sacerdotes hispanosalvadoreños Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, en un asalto a sus instalaciones.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, así como el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
Tras el cambio legislativo que limitó la aplicación de la justicia universal en España y para poder seguir con el caso, el juez Velasco solicitó al Tribunal Supremo que determinara si el juicio llevado a cabo en El Salvador por este caso fue «un mero fraude, una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal» o si fue «un auténtico proceso de enjuiciamiento conforma a los estándares internacionales».
En El Salvador fueron juzgados en 1991 nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado a 30 años de cárcel y liberado en 1993 tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en el país (1980-1992).