Una serie de correos electrónicos en los cuales queda en evidencia que el exministro de Hacienda, Juan José Daboub, y el expresidente del país, Francisco Flores, conocían el plan para vender LaGeo (antes llamada Gesal) a inversionistas italianos, serían clave para investigar la comisión de un delito por parte de estos dos exfuncionarios.
En la resolución emitida por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, en la cual establece enviar a juicio a ocho exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores por el delito de peculado, también pide a los fiscales investigar a Daboub y a Flores.
Los correos que serían clave para investigar al exmandatario y al exministro de Hacienda son los intercambiados por el exgerente de Gesal, José Antonio Rodríguez, y el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang.
El primer correo fue enviado de la cuenta de José Rodríguez (jarodriguez@gesal.com.sv), quien también es cuñado del expresidente Flores, el 18 de julio de 2002 y dice lo siguiente:
“Déjeme decirle que lo que le dije al Presidente en una reunión que él mismo pidió hace unos meses fue que Gesal generara flujos de cajas libres de unos $24 a $25 millones en un año normal, y que solamente necesitaríamos unos $4 (millones) normalmente para capital operativo, el resto se podría canalizar a CEL y a los italianos por medio de disminuciones de capital y reparto de utilidades. También hablamos con el Presidente sobre la venta de Gesal y le informé que requería de una ley especial y que probablemente generaría un máximo de $150 millones, ante esto el Presidente decidió continuar con el proceso de capitalización de Gesal, pese a que el ministro de Hacienda le recomendaba abortarlo y vender Gesal completa, que si se hubiera abortado el proceso de capitalización probablemente hubiéramos perdido la credibilidad para una posterior venta, ante la necesidad apremiante que debe de sentir el presidente, probablemente se tiene que negociar algo con los italianos para que aporten dinero a cambio de más acciones y que la aportación sea retirada por CEL y transferida al gobierno. No me gusta la idea pero siento que nos están arrinconando a hacer algo”.
Al siguiente día, Sol Bang respondió:
“Definitivamente estamos cubriendo los errores o manipulaciones que nos han afectado en el pasado, pero estamos tratando de ver en qué forma se puede ayudar nuevamente. Existen dificultades legales, además de las restricciones de contratos bancarios que tuvimos que suscribir con motivo de la sentencia arbitral. Esperamos al tener un análisis concienzudo de la situación, podamos iniciar el proceso de cabildeo que esta decisión requerirá “.
El juez consideró que estos correos son clave para determinar que había una intención de vender Gesal (LaGeo) o transferir las acciones a través de capitalizaciones o venta de acciones, la cual «generaría eventualmente la perdida de los bienes de utilidad pública en perjuicio del Estado».
El expresidente Flores es procesado actualmente en el mismo juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia, esto por el desvío de fondos provenientes de China-Taiwán.
A juicio
Este miércoles, el juez Arguello mandó a la etapa de juicio el caso CEL-Enel en el que están involucrados exfuncionarios de la administración presidencial del expresidente Flores.
Sin embargo, el proceso penal terminó para Vicente Machado, exrepresante de Enel en El Salvador, porque el juez consideró que en su caso sí aplica el acuerdo marco firmado en Washington pues este era empleado de esa empresa.
Arguelló esgrimió que el representante legal de CEL, Óscar Romero Larios, manifestó en el juicio que solo habían renunciado al ejercicio de la acción civil en contra de las sociedades Enel y el imputado Machado, pero no contra los demás procesados.
Por tanto, Guillermo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Tom Hawk, Julio Alberto Olano, Carlos Jacinto Chavarría, José Ricardo Palomo y Miguel Lacayo continúan como acusados.
Edgar Morales Joya, defensor de Sol Bang, calificó como “contradictoria” la decisión judicial porque la exención de la responsabilidad civil –daños al Estado- que firmó el fiscal Luis Martínez en Estados Unidos con los representantes de Enel, solo ha beneficiado a Machado y no al resto de imputados.
“Es contradictoria definitivamente. ¿Cómo es posible que diga que un acuerdo marco firmado por el señor Luis Martínez no es vinculante?, pero sí lo hace vinculante para un imputado y no lo hace para los demás. Hay una serie de argumentaciones totalmente contradictorias”, expuso.
Morales Joya indicó que, si bien la resolución del juez no es apelable, sí presentarán un recurso por la no admisión de la modificación del delito por el que son procesados todos los imputados.
“Nosotros planteamos un cambio de calificación del delito (de peculado a negociaciones ilícitas), al operar el cambio de calificación opera también la prescripción, pero él la ha declarado no ha lugar y eso vamos a estudiar”, aseguró.
Foto D1. Salvador Sagastizado. Tras conocer la resolución que lo envió a juicio junto con otros siete exfuncionarios.