Ha pasado un año y ocho meses desde que fiscales presentaron en un tribunal de justicia de San Salvador la acusación penal más exorbitante en la historia del país: por casi 2 mil millones de dólares.
Los acusados por el delito de peculado eran 19 exfuncionarios del gobierno del expresidente Francisco Flores, quienes constituyeron de forma oscura un contrato con una empresa italiana en la que estaba en juego el control de la geotermia estatal.
El caso CEL-Enel, como es conocido, se remonta al año 2003, cuando CEL logra un acuerdo con la empresa italiana Enel para la explotación de la geotermia en el país.
El convenio le otorgaba a la empresa italiana el 36.2% de las acciones de LaGeo, empresa dependiente de CEL, encargada de generar energía eléctrica a base de recursos geotérmicos.
Pero ese contrato nació con vicios. Siempre se dijo que tres grandes empresas de talla mundial participaron en el proceso de selección del “socio estratégico” de la geotermia estatal.
Luego se descubrió que eso no fue cierto. En la licitación pública que hizo CEL para seleccionar al socio estratégico no participaron tres compañías internacionales (Shell de Gran Bretaña, Sumitomo de Japón y Enel de Italia) Únicamente lo hicieron los italianos.
Hubo compañías como la Shell que, si bien compró las bases de la licitación, nunca presentó ninguna oferta ni interés manifiesto de ser “socio estratégico” de la geotermia estatal. Los japoneses tampoco participaron en el concurso público para escoger al socio.
Fueron solamente los italianos quienes presentaron su oferta en abril del 2002, para convertirse en socio estratégico de LaGeo.
La exclusiva participación de Enel revela que todo se trató de un contrato que buscaba la privatización de LaGeo. Además, se supo que la licitación no pasó por la Asamblea Legislativa, tal como establece la Constitución salvadoreña.
El proceso penal
En septiembre de 2013, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación penal contra 19 exfuncionarios de gobierno por el delito de peculado, que consiste en el hurto de fondos del Estado aprovechándose del cargo público que ostenta el funcionario.
De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades en el contrato hicieron perder al Estado salvadoreño más de 2 mil millones de dólares.
La audiencia inicial se realizó el 25 de noviembre del mismo año. La jueza decidió sobreseer penalmente, a petición de la misma Fiscalía, a Óscar Armando Valdez Iraheta, Roger Martín Avilés, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Martínez y Paolo Pietrogrande.
A los otros siete imputados les decretó instrucción con medidas alternas a la detención. Estos son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo, el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, el expresidente de LaGeo, Jorge Simán, el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón, y el exdirectivo de LaGeo, José Ricardo Palomo Déneke.
Así como los exdirectivos de la CEL y LaGeo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría y Tom Roy Hawk Baker.
En abril del año pasado, la Fiscalía solicitó el embargo por la cantidad $2 mil millones en contra de los procesados. La mayor parte del embargo fue contra las Sociedades Enel Green Power S. A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., por la cantidad de 948 millones 359 mil 785 dólares con 1 centavo.
A los imputados Sol Bang y Miguel Lacayo se le embargó, a cada uno, bienes hasta por 37 millones 934 mil 391 dólares con 4 centavos.
En diciembre del año pasado, el gobierno salvadoreño acordó con la empresa italiana Enel finalizar el pleito legal entre ambos. El acuerdo incluía retirar la responsabilidad civil a la multinacional italiana. A cambio, Enel vendió al gobierno sus acciones en LaGeo por $280 millones.
No obstante, las dudas surgieron cuando el juez que lleva el caso pidió aclarar a los fiscales si el acuerdo incluía a los siete procesados por este caso.
La Fiscalía ha pedido que se les absuelva de todo cargo porque, a su juicio, en el acuerdo marco también se incluía a personas naturales. Por su parte, los representantes de CEL se oponen a esa medida.
La audiencia preliminar está programada para el próximo seis de mayo. Ahí se decidirá si el caso penal de mayor envergadura económica pasa a los archivos de los tribunales o continúa en pie.