La jueza Séptimo de Paz admitió un recurso de apelación interpuesto por los querellantes del caso Cel-Enel y será la Cámara Primera de lo Penal la que resolverá la acción civil para los 9 exfuncionarios que supuestamente privatizaron LaGeo durante el gobierno de Francisco Flores.
Así lo informó Óscar Romero, apoderado de Cel-Enel, luego de señalar que “la situación jurídica no está definida todavía, por lo que esta historia se tiene que delimitar en la Cámara Primera, la cual va conocer el caso, específicamente si se aplica o no el acuerdo marco”.
El 18 de mayo, la jueza 7º. de Paz, Evelyn del Carmen de Jiménez, libró a nueve exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de la responsabilidad civil por la supuesta privatización encubierta de LaGeo.
Romero dijo que como querellantes interpusieron un recurso de apelación el pasado jueves y que este miércoles la jueza lo admitió. “Cel-Enel, ante el rol protagónico del que le correspondería velar por intereses del Estado de la sociedad no lo está haciendo, de manera unilateral presentó este reclamo que busca el resarcimiento en cuanto a los perjuicios que se han ocasionado”, agregó.
La semana pasada, el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, dijo que no prescribe la acción civil para los 9 exfuncionarios de CEL que supuestamente privatizaron LaGeo durante el gobierno de Francisco Flores.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en septiembre de 2013 una acusación penal contra 19 exfuncionarios de gobierno por el delito de peculado, que consiste en el hurto de fondos del Estado aprovechándose del cargo público que ostenta el funcionario.
De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades en el contrato hicieron perder al Estado salvadoreño más de 2 mil millones de dólares.
La audiencia inicial se realizó el 25 de noviembre del mismo año. La jueza decidió sobreseer penalmente a Óscar Armando Valdez Iraheta, Roger Martín Avilés, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Martínez y Paolo Pietrogrande.
A los otros siete imputados les decretó instrucción con medidas alternas a la detención. Estos son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo, el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, el expresidente de LaGeo, Jorge Simán, el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón, y el exdirectivo de LaGeo, José Ricardo Palomo Déneke.
También a los exdirectivos de la CEL y LaGeo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría y Tom Roy Hawk Baker.
Asimismo, en abril del año pasado, la Fiscalía solicitó el embargo por la cantidad $2 mil millones en contra de los procesados. La mayor parte del embargo fue contra las Sociedades Enel Green Power S. A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., por la cantidad de 948 millones 359 mil 785 dólares con 1 centavo.
A los imputados Sol Bang y Miguel Lacayo se le embargó, a cada uno, bienes hasta por 37 millones 934 mil 391 dólares con 4 centavos.
En diciembre del año pasado, el gobierno salvadoreño acordó con la empresa italiana Enel finalizar el pleito legal entre ambos. El acuerdo incluía retirar la responsabilidad civil a la multinacional italiana. A cambio, Enel vendió al gobierno sus acciones en LaGeo por $280 millones.
Con base a ese acuerdo, la jueza exoneró de la responsabilidad civil a los nueve exfuncionarios del gobierno del expresidente Francisco Flores.
Admisión de apelación.