La audiencia preliminar contra los acusados en el caso MOP se volvió a suspender, este lunes porque Edgar Morales Joya, uno de los abogados defensores, tiene incapacidad de salud.
Ambas partes, fiscales y abogados defensores, acordaron posponer la audiencia. Fue reprogramada para el próximo 11 de mayo.
El pasado 14 de enero, la audiencia contra las 17 personas acusadas en el caso de estafa contra el Estado por la construcción del bulevar Monseñor Romero (antes Diego de Holguín), también se suspendió.
El 24 de mayo de 2010, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, llegó a la FGR con documentación que daba cuenta de uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años.
En los documentos se puntualizaba una cantidad significativa de irregularidades en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín (ahora monseñor Romero).
Los principales acusados eran David Gutiérrez y Jorge Nieto, ambos fueron ministros de Obras Públicas durante la administración de Elías Antonio Saca.
Las acusaciones comienzan con la adjudicación del contrato. El consorcio se otorgó entre la empresa guatemalteca COPRECA y la firma salvadoreña Linares.
Meses antes de la iniciar la licitación del contrato, COPRECA estableció su sucursal en El Salvador. Un indicio que el consorcio y la licitación estaría acordado bajo la mesa.
A la empresa Linares se le debió descartar de la licitación porque no presentó los estados financieros ni las solvencias requeridas por las bases de licitación.
Además, el documento donde se planteaba el asocio entre los das empresas debió establecer el porcentaje de participación de ambas compañías, pero no se hizo jamás.
La licitación también se debió declarar nula porque las ofertas económicas mostradas en el concurso público sobrepasaron el monto de lo presupuestado.
A pesar de estas irregularidades, el contrato se firmó el 28 de noviembre de 2005 y se estableció que la obra debía concluirse el 11 de febrero de 2007.
Pocos días después se ordenó el inicio del proyecto. El MOP entregó un anticipo de $7.6 millones, un 30% del total de lo que costaría la obra, a pesar que se debió entregar solo el 20%, como lo establecían las bases de licitación.
De ese adelanto de $7.6 millones tuvo que liquidarse centavo por centavo al MOP, para verificar su destino. Sin embargo, de los $7.6 millones el consorcio constructor liquidó solo $4.5 millones. El dinero restante jamás fue liquidado.
El ex funcionario, a quien le fue decretada la detención provisional el pasado 18 de septiembre, tenía una difusión roja a nivel internacional. El 19 de marzo de 2014 se presentó voluntariamente para someterse al proceso judicial a fin de demostrar su inocencia.