El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sancionó este martes la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, propuesta por el gobierno para combatir la ejecución de este ilícito.
La iniciativa de esta ley se dio a conocer por el presidente Sánchez Cerén el pasado 11 de febrero y fue presentada ese mismo día a la Asamblea Legislativa por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara.
La ley especial plantea un endurecimiento de las penas de cárcel para las personas que incurran en este delito. Contempla la aplicación de herramientas judiciales como la incautación de bienes producto de las extorsiones y el bloqueo de señales telefónicas en los centros penitenciarios, para evitar que se ordenen extorsiones desde dichos lugares.
Esta nueva normativa plantea que el objetivo principal es “establecer regulaciones penales y procesales especiales, así como medidas de índole administrativa para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión”.
Aprobación de ley
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 18 de marzo, con 78 votos a favor, la Ley Especial en contra de Extorsiones mediante la cual la Fiscalía General de la República (FGR) podrá proceder de oficio.
La nueva normativa, además, regula el alcance de las empresas de telecomunicaciones, debido a que las extorsiones son cometidas por la vía telefónica desde las penitenciarías.
Esta ley, sin duda algunas, es una herramienta que las autoridades necesitan, pero hay un elemento que es fundamental: la prohibición de las empresas operadoras de telefonía móvil de transmitir señal de telecomunicaciones, llámense llamadas o redes sociales, desde el interior de los centros penitenciarios, explicó el diputado Misael Mejía, del FMLN.
Pero el diputado Ernesto Angulo, de ARENA, señaló que el Estado está evadiendo su responsabilidad, específicamente la obligación que le da la ley de cumplir con las disposiciones legales que existen, como por ejemplo la Ley Penitenciaria y el Código Procesal Penal.
“Ellos son los encargados de evitar que cualquier ilícito ingrese al penal. Y están haciendo una ley especial para que las telefónicas suspendan el servicio, cuando lo que deben hacer es que no haya celulares en los penales”, añadió.