La jueza Séptimo de Paz de San Salvador decidirá el próximo 18 de mayo si 12 de los imputados en el caso CEL-Enel tienen responsabilidad civil.
En la audiencia instalada este martes, los abogados de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) dijeron a la jueza que el ejercicio de la acción civil es vinculante a las víctimas de Enel-Cel, por lo que esta deberá proseguir conforme al proceso debidamente establecido por la Cámara de Segunda Instancia.
El 25 de noviembre de 2013, fueron sobreseidos penal por el juzgado Séptimo de PazÓscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin Aviles Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christipher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
La jueza Séptimo de Paz decidirá si estos imputados tienen responsabilidad civil con base a un acuerdo marco firmado en Washington.
En diciembre del año pasado, el gobierno salvadoreño acordó con la empresa italiana Enel finalizar el pleito legal entre ambos. El acuerdo incluía retirar la responsabilidad civil a la multinacional italiana. Por ello, el juez que lleva el caso pidió aclarar si el acuerdo incluía a los nueve procesados por este caso.
Sin embargo, hay nueve exfuncionarios del que están acusados penalmente. Estos son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo Argüello; el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el expresidente de LaGeo, Jorge Simán Zablah; el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón; y el exdirectivo de La Geo, José Ricardo Palomo Déneke.
Así como los exdirectivos de la CEL y La Geo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
La Fiscalía abrió un expediente sobre el caso y se inició el proceso contra los imputados. De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades en el contrato hicieron perder al Estado salvadoreño más de $2,000 millones.
En abril pasado, la Fiscalía solicitó el embargo por esa cantidad ($2,000 millones) en contra los procesados, entre estos la empresa italiana Enel, lo cual fue ratificado por la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador.
La mayor parte del embargo es contra las Sociedades Enel Green Power S. A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., por la cantidad de 948 millones 359 mil 785 dólares con 1 centavo.
A los imputados Guillermo Sol Bang y Miguel Lacayo se le embargó, a cada uno, bienes hasta por 37 millones 934 mil 391 dólares con 4 centavos.
A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker, se les incautó, a cada uno, 15 millones 173 mil 756 dólares con 76 centavos.
El caso
El caso de CEL-Enel, como es conocido, se remonta al gobierno de Francisco Flores (específicamente al año 2003) cuando CEL logra un acuerdo anómalo con la empresa italiana Enel para la explotación de la geotermia en el país.
El acuerdo le otorgaba a la empresa italiana el 36.2% de las acciones de LaGeo, empresa dependiente de CEL encargada de generar energía eléctrica a base de recursos geotérmicos.
Pero ese convenio nació con vicios. Siempre se dijo que tres grandes empresas de talla mundial participaron en el proceso de selección del “socio estratégico” de la geotermia estatal.
Eso no fue cierto. En la licitación pública que hizo CEL para seleccionar ese “socio” no participaron tres compañías internacionales. Solo lo hicieron los italianos de la Enel.
Posteriormente se conoció que todo el esfuerzo que hicieron los más altos funcionarios de CEL para tratar de decirle al país que tres compañías (Shell de Gran Bretaña, Sumitomo de Japón y ENEL de Italia) habían participado en la licitación, fue una mentira.
Hubo compañías como la Shell que, si bien retiró y compró las bases de la licitación, nunca presentó ninguna oferta ni interés manifiesto de ser “socio estratégico” de la geotermia estatal. Los japoneses tampoco participaron en el concurso público para escoger al socio.
Entonces, al país se le ocultó que solamente los italianos presentaron su oferta en abril del 2002, para convertirse en socio estratégico de La Geo.
La exclusiva participación de los italianos revela ahora que todos los que estuvieron detrás de un esquema de privatización de LaGeo no autorizado por las leyes o la Constitución Política.