El general Eugenio Vides Casanova llegó la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero ataviado solo una camisa a cuadros, un pantalón de tela negro y con una soda y un sándwish en mano.
El otrora ministro de Defensa aterrizó en el país junto a un contingente de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, ya sea por haber sido encontrados ilegales en esas tierras o por haber cometido algún tipo de crimen. Vides Casanova también habría cometido crímenes, a criterio de las autoridades de seguridad estadounidense; sin embargo, estas habrían ocurrido en los años ochenta, en pleno conflicto armado y en tierras salvadoreñas.
El exministro de Defensa de El Salvador habitaba en Estados Unidos desde 1989, luego de dejar ese cargo, el cual presidía desde 1983 y se asentó en el estado de Florida. Sin embargo, en tierras norteamericanas fue acusado por su participación en torturas y asesinatos durante la guerra civil (1980-1992), mientras ocupaba los cargos como director de la extinta Guardia Nacional y posteriormente como ministro de Defensa, entre 1979 y 1989.
Asimismo, se le imputó haber estado involucrado en crímenes bastante emblemáticos, cometidos por la Guardia Nacional cuando él era su director, como la masacre del Río Sumpul, en Chalatenango, ocurrida en 1982 en donde murieron cientos de campesinos; así como el asesinato de cuatro monjas de nacionalidad estadounidense, en 1980; así como el asesinato de líderes del Frente Demócratico Revolucionario (FDR), entre otros.
La legislación estadounidense permite llevar a juicio a personas que vivan en territorio estadounidense y hayan cometido violaciones a derechos humanos aunque hayan sido en otro país, explica el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales.
Esta responsabilidad que fue encontrada sobre Vides Casanova ha pesado ante un tribunal migratorio para que se ordene su deportación, explica Morales.
Un juez de la Junta de Apelaciones Inmigratorias (BIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos decretó la deportación del exfuncionario en el año 2012. No obstante, en marzo de este año la defensa del general presentó un recurso de apelación para evitar esta acción.
Sin embargo, el pasado mes de marzo la BIA dictaminó que Vides Casanova era “deportable” al concluir que bajo su “responsabilidad de comando” cometió o asistió en torturas o asesinatos de civiles durante la época de la guerra civil salvadoreña.
Como jefe de la Guardia Nacional y ministro de Defensa, “conocía de estos abusos durante o después de los hechos, y a través tanto de su interferencia personal con las investigaciones como su inacción, no llevó a los perpetradores a la justicia”, señaló la BIA.
Morales explica que aunque el exfuncionario no disparó directamente un gatillo, ni empleó con sus manos instrumentos de tortura, por la cadena de mando militar “él toleró, protegió y facilitó la perpetración sistemática de este tipo de hechos”.
En este sentido, el exministro habría sido encontrado culpable de violaciones graves a los derechos humanos ante el juzgado estadounidense y por tanto fue expulsado de estas tierras.
Sin embargo, al llegar Vides Casanova a El Salvador ninguna orden de captura está girada en su contra, ni tiene ningún requerimiento judicial, por lo que no hay ninguna razón para detenerlo.
¿Las razones? Para Morales el motivo principal es la impunidad, puesto que aunque el exfucionario habría cometido esos crímenes en el periodo que comprende la Ley de Amnistía aprobada en 1993, las violaciones a derechos humanos no pueden estar protegidas dentro de ese indulto.
“Este tipo de casos, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, no pueden operar excluyentes de responsabilidad penal, como las amnistías o las prescripciones”, aseguró.
Pero el procurador va más allá y explica que no solo el derecho internacional exigiría investigar y procesar a Vides Casanova, sino que la misma legislación salvadoreña lo permitiría. Morales trae a colación una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida en el año 2000 que dejaba un pequeño espacio para la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía en casos de violaciones graves a derechos humanos.
La Sala declaró en aquel momento que la Ley de Amnistía era legal, pero al mismo tiempo dio la potestad a los jueces para declarar su aplicabilidad o no, pues, según una interpretación judicial posible, las graves violaciones a derechos humanos no son amnistiables. Asimismo, la Sala determinó que un gobierno no puede amnistiarse y, por lo tanto, dijo que los casos ocurridos entre 1989 y 1994 quedaban fuera de la protección de la ley.
Pese a esta declaratoria, hasta el momento, ningún juez se ha aventurado a declararla inaplicable en algún caso, pese a que los organismos de Derechos Humanos han presentado sendas denuncias a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean investigados. Incluso, hay casos que están en los tribunales y estos no caminan.
“La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) también ha ordenado que la amnistía y figuras como la prescripción no pueden aplicarse a estos crímenes graves de derechos humanos. Entonces El Salvador como Estado parte de la Convención (Americana de Derechos Humanos) y otros tratados y por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional existe la obligación de investigar y de perseguir crímenes como estos, como la masacre del Sumpul, el crimen de las monjas y todos esos crímenes atroces que se generaron cuando el general Eugenio Vides Casanova era director de la Guardia o ministro de Defensa”, sentenció Morales.
Agregó que no solo los tribunales que están llevando casos de este tipo deberían investigar al exfuncionario, sino también la Fiscalía misma debería actuar de oficio, aseguró.
El procurador incluso recordó que el juzgado de primera instancia de Chalatenango aún tiene abierto el caso de la masacre del Río Sumpul. “No ha sido aplicada ahí ni la amnistía ni la prescripción, pero lamentablemente ha habido poca voluntad en tramitar la denuncia y profundizar las investigaciones, pero es un caso abierto en el que la Fiscalía deberá investigar la participación del general Vides Casanova”, agregó.
Mientras tanto el exministro sin ningún requerimiento en su haber llega al país después de más dos décadas de vivir en Estados Unidos. No tiene ninguna restricción de movilidad ni a ninguno de sus derechos, inclusive viajar de nuevo.
El procurador hace un llamado a las autoridades a investigar lo descubierto por el juzgado estadounidense así como invita a los jueces a hacer valer la inaplicabilidad de la amnistía. Mientras tanto la derogación de esta ley sigue engavetada, así como la petición de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional.