El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia decidirá en su próxima reunión la continuidad en esa instancia del pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas.
Así lo informaron este martes el obispo Martín Barahona, de la iglesia Anglicana, y el pastor Mauricio Navas, de la iglesia El Camino, durante un programa radial.
A juicio de Navas, lo indicado sería que el pastor Rivas −quien es procesado en libertad por los delitos de amenazas, violación y expresiones de violencia contra la mujer− renunciara al Consejo de Seguridad.
El 23 de marzo pasado, el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Hato Hasbún, dijo que “nosotros respetamos que él es miembro del consejo. Las autoridades decidirán su caso y el consejo la suya”.
Carlos Avelar, abogado defensor del pastor Rivas, señala que el Consejo debe hacer un estudio previo para ver si el religioso continúa siendo parte, porque si no «sería como si lo estuvieran condenando a priori, sin ser previamente oído y vencido en juicio».
«Lo que yo pienso es que el Consejo debe hacer es un estudio minucioso o mantener en suspenso esa decisión hasta que se resuelva la situación jurídica», expresó.
A iniciativa del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se instaló en septiembre de 2014 y está formado por instituciones del Estado, COMURES, iglesias, empresa privada, partidos políticos, representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica.
El pastor Carlos Rivas fue detenido el 20 de marzo pasado tras ser acusado por una mujer, en un motel de Santa Elena, de violación, amenazas, daños y expresiones de violencia contra la mujer.
Posteriormente, el 25 de marzo, el juez José Palma del juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, decretó instrucción formal con medidas sustitutivas al pastor Carlos Rivas por delitos de violación, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. El religioso pagó $5 mil dólares en concepto de fianza.
Entre otras medidas, Rivas no puede acercarse a su víctima y tampoco salir del país mientras se desarrolle el proceso judicial.
Según el Código Penal, el delito de amenazas tiene una pena de 1 a 3 años (Art. 154), el de daños tiene una pena de 6 meses a 2 años (Art. 221), el de violación tiene una pena de 6 a 10 años (Art. 158). Para el caso del delito de expresión de violencia contra la mujer, la pena es desde 2 a 25 salarios mínimos (art. 55 de Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres).