Un grupo de activistas fue arrestado este viernes por irrumpir en la embajada de El Salvador en Washington, durante una protesta en la que exigían la libertad de 16 mujeres salvadoreñas presas con penas de 30 años en su país por haber abortado.
«Nunca habíamos encontrado una injusticia tan grave», dijo uno de la media docena de manifestantes, Roy Bourgeois, quien sostenía una pancarta que leía «un aborto espontáneo no es un crimen».
Bourgeois, un sacerdote católico que fue excomulgado por el Vaticano, dijo que la protesta surgió luego de acompañar una comitiva a El Salvador para reunirse con el presidente Salvador Sánchez Cerén y con cinco de las mujeres encarceladas.
«Estamos aquí para hablar por las mujeres y pedir su liberación», afirmó.
En silencio, sentados o acostados, los manifestantes -tres hombres y tres mujeres, la mayoría sexagenarios- sostenían pancartas que leían «Liberen a las 17» o «El silencio es consentimiento».
Se referían a las 17 mujeres salvadoreñas sentenciadas por homicidio después de un aborto y que han pedido indulto al Congreso. En enero, una de ellas, Guadalupe Vásquez, fue indultada y el resto espera de una resolución de su solicitud.
La embajada pidió que se retiraran, dijo una funcionaria a AFP, pero los manifestantes señalaron que esperaban ser arrestados para contar la historia de las mujeres salvadoreñas «ante un tribunal».
Luego de una horacreto arrestó a cuatro de ellos por «entrada indebida» a una sede diplomática. El Servicio Secreto, el cuerpo élite encargado de la seguridad presidencial, se ocupa también de la protección de las embajadas extranjeras en la capital estadounidense.
Las leyes salvadoreñas establecen para el aborto provocado entre dos y ocho años de cárcel, pero si un aborto espontáneo es considerado por la justicia como autoinducido la mujer puede ser procesada por homicidio y se expone a una condena de hasta 50 años de cárcel.
Ese entramado legal ha empujado a otras mujeres «a someterse a peligrosos abortos clandestinos que suelen causarles la muerte», según la organización humanitaria Amnistía Internacional.
Este miércoles AI pidió a Sánchez Cerén que se derogue la prohibición del aborto en este país, en un pliego respaldado por 300.000 firmas.
En América Latina y el Caribe, el aborto es legal sin restricciones en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guayana Francesa y Uruguay, además de Ciudad de México.
En cambio El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Haití, República Dominicana y Surinam prohíben totalmente el aborto.