Diferentes organizaciones sociales se han concentrado en las afueras de la casa del expresidente Francisco Flores, ubicada en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito para exigir a la Fiscalía General de la República (FGR) agilice la presentación de pruebas por el delito de lavado de dinero.
Margarita Posada activista de organizaciones sociales, explicó que el caso prescribe en menos de dos meses y el ministerio público no ha mostrado avance sobre este nuevo delito.
“Hacemos una acción de presión porque estamos muy preocupados ya que el juicio en todo su período de instrucción prescribe el 6 de mayo y el fiscal no brinda las pruebas que tiene. Hay pruebas y evidencias del delito de lavado de dinero y si no se brindan no va a poder ser incorporado este delito al proceso del caso del expresidente Francisco Flores”, expresó la activista.
En sus declaraciones, Posada acusó al Fiscal de encubrimiento al exmandatario.
“El fiscal no quiere darlas porque está defendiendo a su socio comercial, a su compadre y eso riñe con su mandato constitucional, nosotros como organizaciones sociales estamos preocupados. Estamos a un mes y días para que esto prescriba y si el fiscal no quiere , como lo ha demostrado desde el primer momento. Si este delito no se incorpora, entonces Francisco Flores saldrá libre y será, realmente, muy penoso de cara al mundo tener a un expresidente ladrón libre e impune”, declaró.
La acusación
El juez séptimo de instrucción, Miguel Angel García Arguello, dispuso de acusar a Flores Pérez el delito de lavado de dinero.
La disposición es de oficio de García, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca quiso acusar a Flores de ese delito.
Por recibir dineros del gobierno de Taiwán, a Flores Pérez se le acusó, inicialmente, por peculado y enriquecimiento ilícito.
Ni el anterior juez, ni el Fiscal General, Luis Martínez, quisieron cambiar la acusación contra Flores, a pesar de las solicitudes que hicieron organizaciones y abogados privados.
El anterior juez Italmir Orellana fue cambiado, mediante una decisión de la Corte Plena, por García Argüello, quién dispuso cambiar la calificación jurídica del delito.
La decisión la tomó García al alegar que, tras estudiar el expediente judicial, en el caso no se configuran los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
La nueva resolución detalla que a Flores se le acusó, penalmente, por recibir donaciones de carácter personal de la República de China en Taiwán, a fin de realizar obras sociales en beneficio de la sociedad salvadoreña.
Esos dineros fueron depositados en cuentas aperturadas y manejadas por terceras personas en Costa Rica. Los fondos fueron transferidos y compensados por medio de bancos internacionales.
El juez aclaró que las actuaciones de Flores serán típicas del ilícito penal de lavado de dinero y activos, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. De acuerdo con ese criterio, en la etapa de instrucción, debieron aclararse esos hechos para analizar la conducta de Flores.
La resolución del juez García Argüello se basa en disposiciones de la Sala de lo Constitucional que, en una sentencia del 2006, detalló que las autoridades jurisdiccionales competentes en materia penal pueden, si lo consideran pertinente, efectuar cambios en la calificación jurídica de los delitos, si lo consideran pertinente.
Eso lo pueden hacer siempre que advierten a las partes para que se ejerza el derecho de defensa.
Con esta decisión el juez da plenas muestras de cambiarle la dirección al proceso penal contra el ex presidente Francisco Flores, quien recibió fuertes sumas de dinero desde Taiwán, a principios de este siglo.