El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó ayer una sentencia de deportación contra Carlos Eugenio Vides Casanova, exjefe militar y exministro de Defensa de El Salvador, acusado de torturas y asesinatos durante la guerra civil.
La Junta de Apelaciones Inmigratorias (BIA), del Departamento de Justicia, declaró que Vides Casanova es “deportable” pues “bajo su responsabilidad de comando” ordenó, cometió o asistió en torturas y asesinatos de civiles en El Salvador.
Como jefe de la Guardia Nacional y ministro de Defensa, “conocía de estos abusos durante o después de los hechos, y a través de tanto su interferencia personal con las investigaciones como su inacción, no llevó a los perpetradores a la justicia”, según el dictamen de 22 páginas de la BIA.
De esta manera, el máximo órgano administrativo en materia de inmigración ratifica la decisión de un juez migratorio, que ordenó en el 2012 la deportación.
No podía impedirlo. El exgeneral, de 78 años, apeló el fallo, con el argumento de que “no podía impedir que sus subordinados cometieran torturas y asesinatos extrajudiciales” cuando era jefe de la Guardia Nacional.
Pero la BIA se mostró de acuerdo con el dictamen del juez y desechó la apelación.
Vides Casanova ocupó la jefatura de la Guardia Nacional salvadoreña desde 1979 y fue promovido a ministro de Defensa en 1983, y ocupó ambas posiciones en lo álgido del sangriento conflicto armado (1980-1992), que dejó en El Salvador 75,000 muertos y al menos 7,000 desaparecidos.
En una América Central sumida en guerras civiles en plena Guerra Fría, Estados Unidos veía el conflicto salvadoreño como una lucha contra la influencia comunista y dio asistencia militar y financiera al presidente José Napoleón Duarte.
Aunque Vides Casanova vivía desde 1989 en Estados Unidos con una “visa de inmigrante”, en el 2009 el Departamento de Seguridad Interior inició un proceso de deportación en su contra tomando los casos de Pedro Alvarado y Juan Romagoza, dos víctimas de torturas salvadoreñas.
El exmilitar vivía en el estado de Florida (sureste), donde también tenía residencia José Guillermo García, otro exministro de Defensa salvadoreño acusado en su país de participar en violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil.
A García, de 79 años, se le acusa de haber mantenido una conducta permisiva, sin castigar ni despedir a militares que bajo su comandancia participaron en secuestros, masacres y asesinatos extrajudiciales, e igualmente enfrenta un juicio para ser deportado a El Salvador.