El presidente de la Comisión Hidroelectrica del Río Lempa (CEL), David López, habló este lunes sobre el acuerdo al que llegaron con Enel Green Power.
Lopez explicó que con Enel se resolvió la parte civil y la parte penal correspondientes al caso. Agregó que con esta situación, el proceso penal que se sigue contra los implicados, donde se involucran exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores (quien goza de arresto), continúa y que serán las autoridades fiscales quienes den seguimiento al proceso.
Aseguró que el acuerdo de compra de acciones es transparente. “Lo bueno de esto es que quedamos como amigos, ENEL se va del país como amigo, quedamos con un pacto de caballeros”, expresó el funcionario durante la entrevista Diálogo con Ernesto López, en canal 21.
El presidente de CEL descartó que un socio ruso vaya a realizar inversiones en la geotermia salvadoreña. “También estamos evaluando buscar un socio financiero, que no se meta en la administración”, expresó.
López detalló que LaGeo obtiene ganancias de $120 millones anuales y pese a esas ganancias el país necesita un socio estratégico que invierta en geotermia.
Según dijo el funcionario, CEL proyecta llegar al 40 % de la participación de geotermia en El Salvador con inversiones.
Compra de LaGeo
La compra de las acciones se logró, el pasado viernes, cuando el gobierno acumuló el 100% de las acciones de la geotermia nacional. Se trata de la adquisición del 36.2% que estaban en manos de la trasnacional de energía italiana ENEL.
El acuerdo de la compra de las acciones fue firmado por el presidente de CEL, David López, con un alto representante de ENEL. Los italianos recibirán un poco más de $280 millones por las acciones. Ese dinero se pagaría con una titularización que se pagaría con los futuros ingresos de LAGEO, plenamente estatal.
Entre los acusados penalmente se encuentran el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, y el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, a quienes se les acusa de promover acciones para favorecer, precisamente, la participación de los italianos en LaGeo.
También se ha dicho, en repetidas instancias fiscalizadoras, que la entrada de los italianos a LaGeo significó una privatización de riqueza pública sin ser autorizada por la Asamblea Legislativa.