Enrique Rais es uno de los empresarios en cuyos aviones ha viajado el fiscal general Luis Martínez. Entre febrero de 2013 y junio de 2014, el funcionario viajó en las aeronaves matrículas N237WR, N455FD y N54HT, todos propiedad de empresas relacionadas a Rais, tal como lo reveló Factum.
Según la respuesta dada el 28 de noviembre pasado por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la FGR a la solicitud 169-UAIP-FGR-2014, la Fiscalía General “no ha erogado fondos de ninguna naturaleza en relación a estos (vuelos privados)”.
La Fiscalía, en sus comunicaciones, no aclara quién pagó por esos vuelos.
El fiscal general, por su parte, ha guardado silencio sobre los vuelos que ha hecho en los aviones que pertenecen a compañías de Rais, empresario suizo-salvadoreño que hasta hace poco mantenía un pleito legal por la compañía Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES) con dos compañías canadienses ante los oficios de la Fiscalía General, de la que Martínez es el máximo jefe desde 2012.
Dice el fiscal general que no hablará de ese tema porque es un asunto “banal” que no interesa a los salvadoreños.
Para Rais y sus empresas las actuaciones más recientes de la Fiscalía en torno a su caso no han sido banales: le han favorecido. El 3 de diciembre de 2014 el juez décimo cuarto de Paz exoneró a Rais de los delitos de estafa y administración fraudulenta, por los que los acusaban sus ex socios canadienses en MIDES. Una semana antes, el 25 de noviembre, los fiscales que dirige Martínez le habían pedido eso al juez: que exonerara a Rais. Y un día después de esa petición, Factum publicó la relación entre Luis Martínez, Enrique Rais y los aviones del empresario.
Extracto del documento enviado por la FGR a Factum.
Fiscales en peligro
En la resolución emitida el 28 de noviembre, ante una petición de información por los viajes de Martínez, la UAIP-FGR mantiene en reserva la información sobre los costos de todos los vuelos que el fiscal general y su equipo han realizado desde enero de 2013 hasta agosto de 2014. La razón, dice la Fiscalía: proteger la seguridad de los agentes del Ministerio Público. El 14 de noviembre, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de FUNDE (ALAC) había enviado a la Fiscalía una petición de información sobre los viajes de Martínez.
En concreto, ALAC pedía los siguientes detalles sobre 23 viajes del fiscal general: cuántos realizó en vuelos privados y cuántos en vuelos comerciales, cuánto gastó la Fiscalía en esos viajes, qué empresas fueron contratadas para esos viajes, con qué mecanismo fueron contratadas y el listado de personas que acompañaron al titular en cada viaje.
De entrada, la UAIP-FGR reitera que no dará información sobre el costo de los vuelos. La negativa de la Fiscalía riñe con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece qué información se considera como oficiosa.
El punto 11 aclara que “los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto” deben ser información pública. Pero la Fiscalía sostiene lo contrario.
El mismo fiscal general había declarado el 8 de julio de 2014 que la información de viajes realizados por él tendrían reserva parcial. Este es su razonamiento: “los viajes que se realizan, en su mayoría, tienen como propósito el fortalecimiento de investigaciones de casos complejos y de trascendencia nacional; y además, tomando en cuenta la naturaleza propia de las acciones que realizan los funcionarios y empleados de esta institución, son objetivos para la delincuencia común y el crimen organizado, volviéndose más susceptibles al revelar información que implique conocer costos del viaje, lo cual implícitamente abarca el monto pagado por los boletos aéreos, lo cual puede poner en riesgo la vida y seguridad personal”, dice la reslución del 28 de noviembre en el literal g del numeral romano II.
Es decir, la Fiscalía General argumenta que el crimen organizado o la delincuencia común pueden, incluso, matar a los abogados que litigan en nombre del Estado si la UAIP revela al público cuánto cuesta un pasaje -o 5, que es el número promedio comprado por cada delegación que acompaña a Martínez- para ir a las Bahamas, Miami, Guatemala, Bogotá o Washington, algunos de los destinos listados.
A la Fiscalía no le parece peligroso revelar el nombre de las delegaciones -esto sí estima la UAIP que es información pública-, pero sí el costo de los viajes. Otros datos que revela la resolución son los motivos de cada uno de estos 23 viajes realizados entre enero de 2013 y agosto de 2014. De todos, solo en tres el motivos es investigar para un caso o participar en litigios internacionales. El resto tienen fines académicos.
Entre el 22 yel 24 de septiembre de 2013, por ejemplo, el fiscal Martínez viajó con Mauricio Antonio Yánez Morales y Edgar Isaías Argueta a Miami para “realizar diligencias de investigación”. No se especifica de qué caso.
Y entre el 18 y el 20 de febrero el fiscal general viajó a Nassau, Bahamas, de nuevo con Argueta, con Tovías Armando Menjívar Tovar y con Jaime Ernesto Cruz Parada a “verificar avances de investigación de casos”. Del 17 al 20 de septiembre, Luis Martínez viajó con Yanes Morales, Argueta, con Carlos Ernesto Tadeo Acosta y con Roberto Antonio Avilés Fuentes a Washington DC, Estados Unidos, para “asistir a audiencia de caso de litigio internacional” (el caso CEL-Enel, que recién culminó con un arreglo entre las partes).
Los otros 20 viajes son para que las comitivas asistan a talleres, seminarios, reuniones de fiscales generales, congresos o sesiones plenarias de organismos regionales. Casi todas las comitivas son de 5 o más integrantes y en 12 de ellas está Avilés Fuentes, asesor de imagen y prensa del despacho del fiscal general.
La información sobre los vuelos privados
El numeral b del romano V en la resolución del 28 de noviembre es una promesa. Dice ahí que la información sobre la cantidad de vuelos comerciales y privados, sobre las empresas contratadas para efecturar viajes al extranjero y sobre el mecansimo de contratación de esas empresas es información pública. Y resuelve, por ello, “conceder el acceso a la información”. Tras esa sentencia, esta frase: “A continuación se presenta la información solicitada”.
Lo que sigue, sin embargo, hace que el numeral b del romano V sea una mentira o, al menos, una media verdad: no dice en cuántos aviones privados ha volado el fiscal; ni nombra a las empresas contratadas para esos vuelos privados; y sobre el mecanismo de compra de boletos, no de contratación de empresas que hacen vuelos privados, dice que fue “por libre gestión”.
Se desprende, de la resolución a la solicitud 168-UAIP-FGR-2014, que esos vuelos en aviones privados no fueron pagados con fondos de la Fiscalía General. Y, de nuevo: Enrique Rais, dueño de algunos de los aviones en los que viajó Luis Martínez, fue sobreseído de los delitos de estafa y administración fraudulenta a petición de los fiscales a los que dirige Martínez.
La exoneración ocurrió cuatro días después de que la UIAP revelara que “la Fiscalía no ha erogado fondos (en el caso de vuelos privados)”. El lunes 8 de diciembre, Abraham Abrego, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo a un reportero que consideraba oportuno denunciar al fiscal general por este caso.