El silencio del Gobierno y de la empresa italiana Enel Green Power sobre los acuerdos alcanzados el pasado domingo, para finalizar el pleito legal entre ambos, ha generado dudas en torno al proceso penal en contra de varios exfuncionarios salvadoreños acusados de peculado (apropiarse de dinero público).
Ni el gobierno central ni los representantes de Enel han querido revelar de momento cuáles son los acuerdos pactados en esa negociación firmada en Washington, Estados Unidos. Ambos se mantienen herméticos.
No obstante, una publicación de La Prensa Gráfica detalla que uno de los acuerdos logrados es que Enel venderá al Gobierno sus acciones en LaGeo por $280 millones.
De acuerdo a esa nota periodística, el Gobierno deberá contar con ese dinero para el próximo 15 de diciembre para realizar el traspaso de acciones a través de un fideicomiso.
Otro de los acuerdos sería que las autoridades salvadoreñas deberán liberar los embargos a ENEL y sus empresas en un plazo de 180 días, de lo contrario continuarían con el litigio.
En este punto surgen dudas en algunos abogados e imputados del caso CEL-Enel, porque si la Fiscalía acordó liberar de cargos a la empresa italiana, quien también es parte del proceso, debería exonerar a los demás imputados. Al menos así lo ven algunos abogados defensores.
“No se podría hacer (un acuerdo) solamente beneficiando a Enel en el juicio, porque definitivamente el mayor embargo se ha hecho a Enel y la persona beneficiada, entre comillas, de ese contrato ha sido la gente de Enel”, comentó Edgar Morales Joya, abogado defensor de Guillermo Sol Bang, expresidente de CEL, acusado de peculado junto a ocho exfuncionarios más.
Sin embargo, Morales Joya indicó que todavía están esperando que el Gobierno dé a conocer oficialmente los acuerdos con Enel porque “hasta conocer sus acuerdos vamos a saber si tienen incidencia en el juicio penal”.
El caso
El caso de CEL-Enel, como es conocido, se remonta al gobierno de Francisco Flores (específicamente al año 2003) cuando CEL logra un acuerdo anómalo con la empresa italiana Enel para la explotación de la geotermia en el país.
El acuerdo le otorgaba a la empresa italiana el 36.2% de las acciones de LaGeo, empresa dependiente de CEL encargada de generar energía eléctrica a base de recursos geotérmicos.
Pero ese convenio nació con vicios. Siempre se dijo que tres grandes empresas de talla mundial participaron en el proceso de selección del “socio estratégico” de la geotermia estatal.
Eso no fue cierto. En la licitación pública que hizo CEL para seleccionar ese “socio” no participaron tres compañías internacionales. Solo lo hicieron los italianos de la Enel.
Posteriormente se conoció que todo el esfuerzo que hicieron los más altos funcionarios de CEL para tratar de decirle al país que tres compañías (Shell de Gran Bretaña, Sumitomo de Japón y ENEL de Italia) habían participado en la licitación, fue una mentira.
Hubo compañías como la Shell que, si bien retiró y compró las bases de la licitación, nunca presentó ninguna oferta ni interés manifiesto de ser “socio estratégico” de la geotermia estatal. Los japoneses tampoco participaron en el concurso público para escoger al socio.
Entonces, al país se le ocultó que solamente los italianos presentaron su oferta en abril del 2002, para convertirse en socio estratégico de La Geo.
La exclusiva participación de los italianos revela ahora que todos los que estuvieron detrás de un esquema de privatización de LaGeo no autorizado por las leyes o la Constitución Política.
El proceso
Por este caso fueron acusados, en noviembre de 2013, nueve exfuncionarios del entonces gobierno de ARENA. Estos son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo Argüello; el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el expresidente de LaGeo, Jorge Simán Zablah; el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón; y el exdirectivo de La Geo, José Ricardo Palomo Déneke.
Así como los exdirectivos de la CEL y La Geo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
La Fiscalía abrió un expediente sobre el caso y se inició el proceso contra los imputados. De acuerdo con la Fiscalía las irregularidades en el contrato hicieron perder al Estado salvadoreño más de $2,000 millones.
En abril pasado, la Fiscalía solicitó el embargo por esa cantidad ($2,000 millones) en contra los procesados, entre estos la empresa italiana Enel, lo cual fue ratificado por la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador.
La mayor parte del embargo es contra las Sociedades Enel Green Power S. A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., por la cantidad de 948 millones 359 mil 785 dólares con 1 centavo.
A los imputados Guillermo Sol Bang y Miguel Lacayo se le embargó, a cada uno, bienes hasta por 37 millones 934 mil 391 dólares con 4 centavos.
A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker, se les incautó, a cada uno, 15 millones 173 mil 756 dólares con 76 centavos.
Actualmente el proceso se encuentra en la fase de instrucción, donde la Fiscalía debe presentar las pruebas contra los acusados. El plazo de esta fase finaliza este mes.
En el comunicado emitido el pasado domingo, el Fiscal General, Luis Martínez, indicó que “en cuanto a la responsabilidad penal, se procederá en la forma, alcance y límites que permita la Ley Penal salvadoreña”.