En un hecho histórico y tras dos años de intensos debates, acusaciones públicas y hasta procesos penales contra figuras públicas, el gobierno logró, este viernes, acumular el 100 por ciento de las acciones de la geotermia nacional.
Ese hecho se logró al firmarse la compra del 36.2 por ciento de las acciones de LAGEO, por parte del Estado salvadoreño, que estaban en manos de la trasnacional de energía italiana ENEL.
El acuerdo de la compra de las acciones fue firmado por el presidente de CEL, David López, con un alto representante de ENEL.
Los italianos recibirán un poco más de $280 millones por las acciones. Ese dinero se pagaría con una titularización que se pagaría con los futuros ingresos de LAGEO, plenamente estatal.
Se estima, extraoficialmente, que anualmente se recibirían unos $60 millones anuales en ganancias por la tenencia de las acciones de los italianos.
Eso significaría que la compra se pagaría en unos cinco años y las acciones quedarían en manos estatales.
La compra de las acciones no significa, sin embargo, que el proceso penal contra importantes figuras públicas se paraliza.
Por el contrario, el Fiscal General Luis Martínez deberá decidir el futuro del procesal que se sigue contra ex directores, abogados y otros profesionales que participaron en el negociado público con LAGEO.
Entre los acusados penalmente se encuentran el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, y el ex ministro de Economía Miguel Lacayo, a quienes se les acusa de promover acciones para favorecer, precisamente, la participación de los italianos en LAGEO.
También se ha dicho, en repetidas instancias fiscalizadoras, que la entrada de los italianos a LAGEO significó una privatización de riqueza pública sin ser autorizada por la Asamblea Legislativa.
Los detalles del acuerdo final de la compra de las acciones serán revelados el lunes por el presidente de CEL, David López, según se informó.
Ha trascendido, incluso, que desde junio comenzaron una serie de pláticas secretas entre el gobierno y los inversionistas italianos.