La tarde del pasado 9 de abril, Mardoqueo Tóchez Molina −hijo del expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez− entró a su cuenta de Twitter y se enteró que el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, estaba escribiendo cosas sobre él y su familia.
Will Salgado, como es conocido el alcalde, había subido una fotografía en la que se observaba a Mardoqueo junto a su padre y otra mujer en la capital brasileña.
El edil escribió que los fondos utilizados para viajar al país sudamericano habían salido del presupuesto de la Corte de Cuentas, que los boletos se cancelaron con “dinero del pueblo” y que eso era corrupción.
Incluso, Salgado retó al hijo de Tóchez. Le pidió que probara lo contrario de su planteamiento, que le tomara una fotografía a la factura de los boletos y que la hiciera pública para demostrar que los boletos no habían sido comprados con fondos públicos.
Luego le escribió que él (Salgado) iría personalmente a la agencia de viajes para verificar que la factura no había sido anulada y para constatar que estaba registrada en el libro de pago de IVA.
El hijo de Tóchez consideró que el alcalde migueleño lo estaba difamando públicamente y eso afectaba el honor y la dignidad de su familia.
Fue entonces que decidió acudir a un tribunal de San Miguel para interponer una demanda por difamación en contra de Will Salgado.
Tóchez Molina presentó la acusación tres días después del altercado. Exigió una compensación económica de 6 millones de dólares por supuestos daños a su imagen como persona y profesional del derecho.
En esa ocasión, aseguró ante los medios de comunicación que era profesional del derecho y que producto de las declaraciones de Salgado había perdido unos proyecto con clientes extranjeros y nacionales.
Al siguiente día, Salgado tuiteó: “El hijín (refiriéndose al hijo de Rosalío Tóchez) quiere hacer fama y fortuna sin trabajar”.
Sin embargo, en la acusación privada, Mardoqueo Tóchez argumenta que el dinero que utilizó para viajar a Brasil es producto de una empresa familiar. Aclara que no se costearon el viaje con dinero público, tal como lo manifestó el alcalde Salgado en su cuenta de Twitter.
Este es el tuit que generó la demanda en contra del alcalde migueleño.
Proceso entrampado
Will Salgado es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y posiblemente cuando criticó a la familia Tóchez, a través de Twitter, lo hizo pensando que gozaba de fuero parlamentario.
Ahora el juez del caso tiene dudas jurídicas sobre la condición de Salgado, porque si éste goza de fuero la demanda no debió haber sido admitida nunca.
Precisamente en ese punto basa sus argumentos la defensa de Salgado para pedir la nulidad del proceso.
“La demanda tiene fallo de origen. Se pone al descubierto cuando el mismo tribunal deja suspendido el proceso esperando respuesta del Parlamento Centroamericano, quien tiene que pronunciarse si gozan o no de fuero los diputados suplentes del PARLACEN”, esgrime Miguel Ángel Flores Durell, abogado defensor del alcalde.
La duda procesal surge a raíz de una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien recientemente aclaró que los diputados suplentes no gozan de fuero, excepto cuando están en funciones.
Para Duerell, esa sentencia de la Sala no tiene alcance al fuero de los diputados centroamericanos suplentes, porque “eso atañe al derecho de integración y que debe ser la Corte Centroamericana de Justicia quien determine esa situación”.
Por otra parte, el abogado del hijo de Rosalío Tóchez ha pedido al juez que continúe el proceso, pues a su juicio la resolución de la Sala también es vinculante para los diputados del PARLACEN.
No obstante, el juez decidió enviar una consulta al PARLACEN y suspender el proceso mientras se tiene una respuesta de este organismo regional.
Lo cierto es que la pelea jurídica continúa.