Agachaban cada uno la cabeza para que su identidad no quedara en evidencia: algunos dejaban caer la mitad de su cuerpo a la altura del ombligo mientras los otros se daban media vuelta para taparse el rostro con el paredón blanco que estaba atrás suyo. Eran nueve agentes policiales que, la semana pasada, fueron presentados como miembros de una estructura delincuencial que solía extorsionar a cambio de no “delatar” supuestos delitos cometidos por sus víctimas.
Los nueve estaban destacados en la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin el mínimo recato de portar consigo un número que les acreditaba como autoridad, el significado de una placa que prende de su uniforme, pedían dinero a diversas personas bajo el supuesto de omitir “investigaciones” que pudieran estarse realizando en su contra. Decían tener pruebas que podían ocultar solo si les daban fuertes montos de dinero.
La Policía los mostró frente a medios de comunicación el pasado viernes. En esa presentación, el director Mauricio Ramírez Landaverde fue tajante al manifestar que pronto los detenidos dejarían “de manchar el nombre” de la entidad que él tiene a su cargo. “Tenemos instrucciones del Gobierno de expulsar a elementos que delinquen al interior”, decía jefe policial antes de que los acusados fueran puestos a disposición judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR), ese mismo viernes, notificó que el Juzgado Especializado había decretado instrucción formal con detención por los delitos de extorsión.
Un día después, fue el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el que se expresó por la captura. La aplaudió y aseveró que no estaban dispuestos a permitir “delincuentes” dentro de una institución encargada de combatir el delito.
Estos nueve agentes de suman a otros tres, capturados en flagrancia el 12 de noviembre, también por extorsión. Estos últimos, cuyo caso se maneja con mayor hermetismo, son procesados en libertad debido a que el Juzgado Octavo de Paz les decretó instrucción formal con medidas sustitutivas.
Los casos de policías que están vinculados a delitos no cesan. Aunque algunos son capturados, se tiene reserva por otros que continúan en proceso investigativo. “Depuración” es la palabra constante que suena desde diferentes grupos sociales que exigen una limpieza interna.
Para “barrer la casa” existe, incluso, una mesa temática encargada de depurar el sistema, incluida la Policía, según detalla Ramírez Landaverde.
La Policía tiene conocimiento de agentes que podrían estar involucrados en extorsiones, fuga de armas hasta estar ligados familiarmente con pandillas. El mismo director reconoce que hay procesos bajo investigación de miembros policiales con familiares pandilleros.
—Hay lugares donde los mismos habitantes identifican a policías que tienen hijos dentro de una pandilla. Algunos de estos son, incluso, jefes de delegaciones. ¿Conocen ustedes de estos casos?
— Nosotros tenemos, ciertamente, problemas a nivel personal, familiar de miembros de la institución que pudieran tener alguna relación, a través de sus familiares, con estos grupos —sostiene Ramírez Landaverde—. Partamos de que es una situación que afecta a toda la sociedad y que de una u otra manera podemos tener dentro de cada familia algún tipo de relación vínculo directo o indirecto, cercano o lejano, y eso afecta a los miembros.
—Pero, ¿han detectado a estos agentes? ¿Los están investigando?
— Sí, hay diferentes procesos. Por supuesto que cada miembro responde por su conducta individual.
—¿Puede atribuirle a ellos la fuga de armas?
—Es posible la fuga de armamento, pero todos esos casos se están investigando. Los que hemos podido capturar han sido de los miembros de la institución que sustraen y venden o facilitan uniformes o equipos.
La vinculación de agentes policiales a estructuras criminales lleva a buscar soluciones inmediatas dentro de un cauce que cada vez se vuelve más y más estrecho. Depurar, dicen algunos, es inminente cuando no es solo un caso, sino muchos.
Ante este contexto, el Arzobispado de San Salvador pidió una revisión de toda la estructura policial. “Un solo caso es muy triste y si son muchos, con mayor razón”, dijo monseñor José Luis Escobar Alas.
Aunque para Escobar Alas, la inmensa mayoría “son personas buenas y honestas”, es la misma institución la que “no puede permitir que se dé un solo caso”. “Este tema exige la depuración constante”, añadió.
La PNC reconoce que hay casos abiertos, investigaciones que llevan su curso de “policías delincuentes”, que pueden tener fuertes relaciones con grupos criminales. Al preguntarle al director policial si se podrían presentar, en los próximos días, una “masiva depuración”, su respuesta es limitada: “Es un proceso constante, la PNC todo el tiempo está trabajando en eso”.