La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció esta mañana que la empresa Equifax, mejor conocida como Dicom, ya no tiene permiso para operar en el país como una agencia de información crediticia. Y debe entregar su base de datos a la SSF de inmediato.
El titular de la SSF, Ricardo Perdomo, informó esta mañana que a la empresa que le fue negado el permiso para operar como agencia que pueda proporcionar información del historial crediticio de las personas.
Aseguró que Dicom no estaba autorizado a operar, sin embargo estaba tramitando sus permisos para ser aprobados.
Perdomo explicó que a la empresa se le había dado la oportunidad de regularse a la ley. La legislación da seis meses para que se adecuen a la ley, sin embargo, Equifax-Dicom habría trabajado por más de 2 años fuera de los lineamientos de la ley, por lo que se procedió a negarles la autorización para operar en el país, ya que estaba funcionando con «irregularidades».
En este sentido, la Superintendencia ordena el cierre inmediato de la empresa Equifax-Dicom. Y a su vez ordena a todas las entidades bancarias abstenerse de pedir información crediticia a esta empresa porque no cumple todos los requisitos para poder operar.
A la empresa se les notificó a las 10:30 de la mañana de este día y el superintendente afirmó que a partir de ese mismo momento ya no puede prestar servicio en el país.
Además, Perdomo aseguró que han girado este mismo día una circular a todas las instituciones crediticias, donde explican que es prohibido exigirles a los usuarios o los clientes que tengan que firmar autorizaciones como requisitos para que le den un crédito. «No tiene nada que ver que le otorguen un crédito con que firme una autorización para que su información sea divulgada», acotó el superintendente.
Informó que también están trabando de la mano con la Defensoría del Consumidor para que ellos puedan controlar que locales comerciales y establecimientos no pidan autorizaciones. «Nadie le puede exigir a un ciudadano de que firme una autorización abierta para que se publique su información», sentenció.
Agregó que la población puede denunciar a la SFF las entidades que le nieguen un crédito con base a información tomada de una empresa que ya no está autorizada para operar en el país, como es Dicom.
Asimismo, informó que hay tres empresas similares a Dicom que están tramitando su autorización. Adelantó que probablemente no serán aprobadas ya que tienen bastantes irregularidades. Les puso de plazo a estas empresas esta semana para regularizarse, de lo contrario, difícilmente podrán seguir operando en el país.
El fallo de la Sala de lo Constitucional
La Sala de lo Constitucional había fallado el pasado 21 de octubre en contra de la empresa Equifax-Dicom y le había ordenado depurar su base de datos y eliminar la información que haya sido recopilada y almacenada sin el consentimiento expreso de sus titulares.
Asimismo, lle ordenó abstenerse de utilizar, transferir y comercializar a cualquier título y destino, la información de las personas que conste de sus titulares. Y le exigió a la SSF supervisar el cumplimiento de esta sentencia.
En este sentido, Perdomo informó que constataron este lunes que entre el 24 y 26 de octubre, en Dicom, se produjo la consulta de unos 43,650 usuarios que generaron 267,567 consultas y que fueron hechas por 233 agentes económicos, es decir, entidades que reciben y pagan el servicio a Dicom por cada consulta.
El superintendente explicó que esos tres días se realizaron esas consultas en condiciones que no cumplen con los requisitos de ley y violando el mandato hecho por la Sala de lo Constitucional.
Acatarán fallo
Horas después de la decisión anunciada por el superintendente, Equifax dio a conocer que acatará el fallo de la Sala de lo Constitucional que establece depurar la base de datos de los consumidores.
A través de un comunicado, la empresa detalló que, de momento, analiza cómo cumplirá la sentencia y responder así de «forma ágil y responsable».
«Equifax considera que el giro acelerado que han tomado los acontecimientos está complicando la habilidad de todos los involucrados para resolver la presente situación; viéndose afectados burós de créditos y principalmente aproximadamente 2 millones de salvadoreños que sí han brindado su consentimiento expreso y a quienes administran dicho consentimiento», reza parte del escrito.
Dicom expresó también haber solicitado a la Sala una aclaración de los puntos que tomaron en cuenta para emitir el fallo.