La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras que aprobó, hace pocas semanas, la Asamblea Legislativa.
Aunque no suspendieron los efectos de esa ley, los cinco magistrados de esa sala se disponen a examinar la constitucionalidad de los nuevos impuestos porque podrían mostrar “vicios de forma” si la propuesta no se discutió, abiertamente, en la Asamblea Legislativa.
El problema, según Salvador Orellana Sánchez, el ciudadano salvadoreño que estableció el recurso de inconstitucionalidad, es que las nuevas disposiciones tributarias se aprobaron una noche, sin la discusión necesaria fijada en los procedimientos del Congreso.
Los magistrados adelantaron que, como parte del análisis, verificarán si existió lectura y suficiente debate parlamentario sobre ese proyecto financiero.
También examinarán si se violó el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para adoptar la ley.
Pero los magistrados no ordenaron ninguna medida cautelar para suspender los efectos de la nueva ley. Más bien anunciaron que la Asamblea Legislativa debe rendir un informe durante los próximos diez días hábiles.
Esta decisión posiblemente provocará una nueva confrontación entre el Congreso y los miembros de la Sala de lo Constitucional.
El gobierno espera los ingresos de esta nueva ley para aliviar las necesidades financieras del Estado.