El gobierno de El Salvador realizó el lanzamiento y la firma del decreto ejecutivo para la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
El presidente Salvador Sánchez Cerén agradeció la participación y el apoyo técnico brindado por el PNUD, OEA y la Unión Europea en la creación del Consejo. Dijo que mediante esta instancia se construirán consensos y se articularán acciones entre el Estado y los sectores sociales.
«Esta iniciativa pretende reforzar la cohesión social e incrementar la confianza en la ciudadanía para prevención de violencia. La seguridad ciudadana es una de nuestras más grandes prioridades de nuestro gobierno y es un problema que nos compete a todos», expresó el mandatario.
El Consejo se define como un mecanismo de asesoría para la coordinación e impulso de la acción colectiva en función de resolver la problemática de la violencia, inseguridad y criminalidad del país.
Se propone desencadenar energías, activar voluntades, apoyar la identificación y acompañar la coordinación de acciones prioritarias y urgentes orientadas a remover de forma sostenible y permanente las causas y los efectos de la violencia en las comunidades.
«Decidimos integrar este consejo como una instancia plural, permanente, autónoma e inclusiva de diálogo, para responder al problema de inseguridad y el clamor de la población por soluciones urgentes y sostenidas. Deseamos contribuir a establecer y ejecutar acuerdos nacionales que enriquezcan políticas públicas de seguridad ciudadana» expresa el pronunciamiento fundacional del Consejo.
Este será el catalizador para la búsqueda de soluciones, contribuir a planes nacionales de justicia, proponer acciones y dar seguimiento a su ejecución, así como identificar mecanismo para su financiamiento. Se buscará propuestas que se concreten en trabajo territorial para reducir las vulnerabilidades, atacar las causas que originan la inseguridad ciudadana y se atenderá a las víctimas.
Formarán para de él las iglesias, empresa privada, partidos políticos, medios de comunicación, municipalidades y distintos órganos del Estado que participan en el tema de seguridad.
Estará dirigido por una Secretaría Ejecutiva (asumida por la secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones de El Salvador), Secretaría Técnica (asumida por PNUD, OEA, Unión Europea), así como un mecanismo de articulación sectorial y territorial, el cual será asumido por el Ministerio de Gobernación y Secretaría de Transparencia, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Las mesas técnicas serán el mecanismo para identificar acciones prioritarias en el marco de la política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia, además de otros temas que puedan surgir. El espacio es abierto a los países amigos que deseen contribuir con la reducción de la violencia y la inseguridad en El Salvador.
Para el Consejo, será prioritario establecer un marco de coordinación financiera, recursos humanos técnicos y financieros necesario para cumplir con los resultados planteados, con la participación activa de la ciudadanía.
«Será necesario mapear y movilizar recursos del gobierno ONG, personas naturales, empresa privada, cooperación internacional que puedan abonar a la iniciativa. El Salvador habilita espacio de diálogo para buscar soluciones, acceder a justicia, respeto de estado de derecho y legalidad», expresó Robert Valent, miembro de la ONU en El Salvador.
El fiscal General de la República, Luis Martínez pidió confianza en el manejo de este Consejo, reiteró que de identificar que estas no marchen como es debido, se retirará de este esfuerzo multidisciplinario.
“El pueblo debe tener confianza en las instituciones. El país necesita instituciones consolidadas, fuertes creo que este esfuerzo va a permitir crear un solo camino, a eso le estoy apostando como Fiscal, cuando vea que esas cosas no van bien que tengan la seguridad que me salgo”, expresó Martínez.