El asesinato y violación de Kattya Miranda, una niña de sólo nueve años, cometido hace quince años, quedará impune por una serie de errores u omisiones de los fiscales que persiguieron e investigaron ese caso.
En un primer momento la Fiscalía General de la República (FGR) fue incapaz de probar quiénes participaron en ese crimen. Tiempo después, en un segundo esfuerzo, en esa Fiscalía se cometieron errores que permiten ahora dejar libres a los acusados y nadie sabrá si participaron, o no, en el crimen.
La muerte de Kattya Miranda, hija de un militar cercano a quienes gobernaban en el tiempo que murió, es uno de los casos más sonados del país, luego de que un diario local reveló los primeros hechos que rodearon su muerte.
El caso ardió pronto. La muerte se produjo mientras vacacionaba con su padre Edwin Miranda en una zona costera del cantón Los Blancos, en San Luis La Herradura.
Kattya, y su hermana, no tenían planeado dormir en el sitio donde se encontraba su padre. Este, sin embargo, le pidió que las dejaran ahí.
Las niñas durmieron solas en una tienda de campaña. Su abuelo, Carlos Miranda, durmió en una tienda de campaña localizada a unos cinco metros, al igual que la abuela de las menores. El padre de las niñas no durmió con ellas.
Durante la noche o madrugada la niña fue sacada de la tienda de campaña. La llevaron hasta otra propiedad, la abusaron sexualmente y la asesinaron asfixiándola.
A las cinco de la mañana, el abuelo Edwin −quien resultaría condenado− fue el primero que se percató que la niña no estaba, a eso de las cinco de la mañana. Más tarde, médicos forenses determinaron que la niña murió entre la medianoche y las dos de la mañana.
Cuando encontraron la niña, el cuerpo lo habían removido de donde quedó. También le quitaron el pantalón corto que llevaba y su ropa interior. ¡Hasta la tienda de campaña donde durmió la niña estaba desarmada!
Primer juzgamiento
Poco después de conocerse el crimen, se inició un proceso penal contra los Miranda, abuelo de Kattya, Luis Alonso López y Juan Francisco Ramos, acusados de violación, agresión sexual y homicidio agravado.
Ante la incapacidad de la Fiscalía General de la época para presentar pruebas incriminatorias, un Juzgado de Instrucción y luego la Cámara Tercera de San Vicente liberó de responsabilidad a los imputados.
Primero lo hicieron provisionalmente durante un año, mientras los fiscales aportaban nuevas pruebas. Cuando pasó ese tiempo, los liberaron de responsabilidades definitivamente penales en octubre del 2001.
Los imputados fueron liberados en ese momento, incluido el abuelo de Kattya Miranda.
Segundo juzgamiento
Tiempo más tarde, en la Fiscalía se dijo que se habían encontrado supuestos testigos privilegiados que tenían otra versión de lo que sucedió con Kattya Miranda.
La nueva explicación mencionaba que el abuelo de Kattya contrató a unos delincuentes para que secuestraran a la niña a cambio de un pago de 30 mil colones.
El secuestro se daría para involucrar, falsamente en el caso, a una deudora de un cliente prestamista de Miranda, quien es abogado. La clienta supuestamente no le pagó una deuda de 500 mil colones.
Luego se trató de probar que en medio de la aplicación del plan el abuelo mató a la niña y luego entregó el cadáver a los delincuentes que habían contratado.
Más tarde, los miembros hombres e encargarían de borrar las huellas de los hechos cometidos.
La resolución
La resolución de los miembros de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia repite, en varias oportunidades, que a Carlos Miranda y los otros hombres se les juzgó dos veces.
En diversos tramos de la sentencia dicen que “el Estado sólo tiene una oportunidad para ejercer su poder punitivo contra una persona”, protegiendo al reo de una nueva persecución penal”.
También se menciona que las acciones reprochadas a Miranda y otras dos personas “guardan una esencial identidad histórica” con lo que se les atribuyó en el primer proceso.
Y hasta se advierte en la sentencia “que está vedada la promoción de una nueva acción penal sobre el mismo hecho”.
Por todo eso, y otras razones jurídicas, niegan la posibilidad de que se configurara un secuestro de la niña, los imputados fueron liberados.
El único camino que queda a los familiares de Kattya Miranda es reactivar un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, aunque no servirá para llevar a la cárcel a los responsables del crimen.
El asesino o los asesinos de Kattya Miranda quedaron fuera de cualquier posibilidad de castigarlos. Lo único que podría ocurrir, de aquí en adelante, es que la Corte Interamericana de Derecho Humanos condene al Estado salvadoreño por no hacer justicia frente a ese asesinato.