En los últimos meses, dos exministros y un sacerdote fueron condenados. Los tres estuvieron sentados en las sillas de los acusados, pero ninguno fue a cumplir su pena a prisión.
Los dos exfuncionarios de gobierno fueron procesados por delitos de corrupción y el sacerdote fue acusado por colaborar con pandilleros recluidos en centros penales.
Cualquiera foráneo pensaría que con estas condenas la justicia funciona a la perfección. Pero algunos juristas señalan que es todo lo contrario, que todavía existe debilidad cuando algunos jueces emiten resoluciones contra ciertos personajes.
Uno de ellos es el director de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, quien en un reciente informe expone parte de esta realidad que vive el sistema judicial salvadoreño.
El primer caso. Guillermo Maza, quien fungió como ministro de Salud durante la gestión del presidente Antonio Saca, fue acusado (en 2011) de desviar fondos destinados para la construcción de dos hospitales: el Hospital San Pedro, en Usulután, y Hospital Santa Gertrudis, en San Vicente.
Maza fue arrestado y acusado por los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios tras una denuncia de la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez.
La Fiscalía aseguraba que el exministro había avalado cambiar el sitio donde se estaba construyendo el Hospital Santa Teresa, esto cuando la obra aún no había sido finalizada.
Con ese cambio, el exfuncionario habría permitido que la empresa constructora Sociedad CPK Consultores S.A. de C.V. estafara al Estado salvadoreño con $3.9 millones.
Pero, en mayo de 2013, Maza fue sobreseído de todos los delitos que se le atribuían y quedó en libertad. Tras escuchar el fallo del juez, el exministro no pudo contener las lágrimas y se soltó en llanto.
No obstante, la Cámara de lo Penal atendió en febrero de este año una apelación de la Fiscalía y ordenó que Maza fuera procesado por el delito de peculado por culpa.
Tras un largo proceso, el juez de sentencia lo absolvió este martes de los delitos de peculado por culpa y por agrupaciones ilícitas, pero lo condenó a tres años de prisión por el delito de actos arbitrarios.
No fue a prisión. La pena fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.
El segundo caso. Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, también en la administración del presidente Saca, corrió con la misma suerte que Maza.
En mayo del presente año, Bolaños fue acusado por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de Miguel Martell, representante de la sociedad Impresa Repuestos Martell.
Los delitos se habrían cometido en el marco de una licitación pública que realizó el ministerio de Gobernación. La licitación la ganó la sociedad Impresa Repuestos Martell.
Bolaños, de acuerdo con la Fiscalía, cometió el delito de cohecho impropio (solicitar dádivas) en una reunión confidencial que sostuvo con el representante de la sociedad para decirle que había ganado la licitación.
Pero para cerrar el trato, Bolaños habría solicitado unos vehículos por un monto de 35 mil dólares como un aporte económico para la campaña del partido ARENA. La respuesta del ofendido fue que no podía relacionar donativos con negociaciones por contrato.
El director de la UACI, César Pérez, le habría hecho ver que la licitación que había ganado no estaba en firme.
Fue entonces que el ofendido decidió denunciar al exministro de Gobernación y al director de la UACI. Ambos fueron procesados por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública.
El exministro de Gobernación, Juan Miguel Bolaños Torres, de 51 años, fue condenado a mediados de agosto pasado a tres años de prisión por el delito de actos arbitrarios. Pero la pena también fue sustituida por trabajo de utilidad pública. Quedó en libertad igual que Maza.
Tercer caso. El padre Antonio Rodríguez, conocido popularmente como padre “Toño”, fue capturado a finales del pasado mes de julio. La Fiscalía lo acusó por los delitos de tráfico de influencias, de objetos ilícitos y agrupaciones ilícitas.
Un día después de su captura, la Fiscalía montó una conferencia de prensa en la que acusó al sacerdote de colaborar con líderes de la pandilla 18.
Aseguraron tener audios de llamadas telefónicas interferidas al padre “Toño” en las cuales se comunicaba con pandilleros recluidos en centros penales.
Una semana después de estar encerrado en bartolinas, Rodríguez dijo sentirse mal de salud. Fue trasladado a un hospital privado de San Salvador donde permaneció una semana tras presentar un cuadro de hipertensión. Luego regresó a bartolinas policiales.
Días después, el Fiscal General de la República, Luis Martínez, informó que el padre Antonio había confesado al ministerio Público que cometió los delitos por los que era procesado y que por eso habían decidido hacerle un proceso abreviado.
Entonces convocaron a una audiencia en la cual el sacerdote fue condenado a dos años y medio de prisión, pero su pena fue sustituida por ciertas medidas, entre ellas, no acercarse a ningún centro penal del país y no tener contacto con pandilleros.
Tras quedar en libertad, el sacerdote decidió irse a España, su país de origen.
Por todos estos casos, algunos juristas aseguran que los procesos contra algunos exfuncionarios están previamente arreglados para condenárseles por delitos que no sobrepasen los tres años de prisión, y de esta manera, solamente se les otorgue medidas sustitutivas, tal como manda la ley.